Nicaragua

Daniel Ortega reduce salarios de funcionarios del gobierno sandinista

Managua – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció una reducción salarial de más de 50 por ciento para los funcionarios públicos de mayor jerarquía dentro del gobierno sandinista

Daniel Ortega
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega durante una conferencia de prensa en la Casa Presidencial en Managua. | EFE

Redacción Central |

Managua – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció una reducción salarial de más de 50 por ciento para los funcionarios públicos de mayor jerarquía dentro del gobierno sandinista

Ortega, quien hizo el anuncio en su primera conferencia de prensa desde que asumió la Presidencia de la nación centroamericana el 10 de enero pasado, había prometido acabar con los llamados “megasalarios” durante la pasada campaña electoral.

De acuerdo con el decreto leído por el mandatario, la rebaja comienza por su propio cargo, que a partir de ahora tendrá un sueldo de tres mil 200 dólares mensuales, inferior en más del 50 por ciento de lo que ganaba su antecesor, Enrique Bolaños.

La nueva escala salarial abarca de forma descendente al vicepresidente (tres mil 100 dólares al mes), a los ministros, viceministros, y al resto de los funcionarios de mayor jerarquía en el Ejecutivo.

Ortega anunció además la aplicación de una rebaja del 10 por ciento para todos los empleados que devenguen más de 50 mil córdobas mensuales (unos dos mil 600 dólares al cambio actual).

El uso de tarjetas de crédito a cuenta del erario público, el pago de dietas, los reembolsos por gastos médicos y la donación de bienes del Estado también quedaron prohibidos por decreto.

Según el presidente, el monto del ahorro por concepto de la reducción salarial ascenderá a más de 600 mil dólares anuales, y esos fondos serán utilizados para construir centros deportivos y recreativos para la juventud nicaragüense.

Anunció además que donará la pensión vitalicia que por ley le corresponde como ex presidente de la nación (1984-1990).

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República serán las entidades encargadas de velar por la aplicación del decreto, y de penalizar con multas y hasta despido del cargo a los funcionarios que se nieguen a aplicarlo.

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