Nicaragua

Diputados deciden si aplazan reformas constitucionales en Nicaragua

Managua – La Asamblea Nacional de Nicaragua decidirá hoy si prorroga por un año más la llamada Ley Marco, la cual mantiene congeladas desde octubre de 2005 una serie de reformas constitucionales que restan poder al Ejecutivo

Redacción Central |

Managua – La Asamblea Nacional de Nicaragua decidirá hoy si prorroga por un año más la llamada Ley Marco, la cual mantiene congeladas desde octubre de 2005 una serie de reformas constitucionales que restan poder al Ejecutivo

De acuerdo con el presidente del Parlamento unicameral, René Núñez, el debate y votación sobre las polémicas medidas, que de no ser aplazadas entrarían en vigor mañana, será el único punto en la agenda legislativa de este viernes.

La iniciativa para extender hasta enero de 2008 la Ley Marco fue presentada por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), fuerza escindida del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el cual, según trascendió, votaría en contra de la propuesta.

La oposición de los 25 liberales “arnoldistas”, sin embargo, no será obstáculo para aprobar la prórroga, porque los 23 votos de la ALN, más los 38 del ahora oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) son más que suficientes.

De acuerdo con la Constitución, para mantener con vida la Ley Marco sólo se requiere del voto a favor de 47 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional.

Durante la campaña electoral, y tras ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre pasado, el sandinista Daniel Ortega aseguró que no se opondría a la entrada en vigor de las reformas constitucionales.

La ALN, cuyo candidato presidencial, Eduardo Montealegre, fue el segundo más votado después de Ortega, considera que esas leyes no son necesarias por el momento, y anunció que en su lugar promoverá la aprobación de “profundas reformas constitucionales”.

Las polémicas reformas que se encuentran congeladas desde hace más de un año fueron impulsadas en su momento por el PLC y el FSLN para restar poder al entonces presidente Enrique Bolaños, quien las calificó de “golpe de Estado técnico”.

Además de crear dependencias como la Superintendencia de Servicios Públicos, las leyes otorgan al Parlamento la facultad de ratificar o destituir a los ministros, viceministros, directores y embajadores nombrados por el Presidente de la República.

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