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Gobierno español presenta recurso contra resolución separatista de Cataluña

El Parlamento de esa región aprobó por mayoría absoluta esa iniciativa para hacer posible el proceso de desconexión democrática de la nación europea

Cataluña
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Redacción Central |

El gobierno español interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña, aprobada por mayoría absoluta el lunes pasado.

En el documento, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, pide que al menos 20 altos funcionarios catalanes sean advertidos de tienen el riesgo de ser suspendidos si no cumplen con sus mandatos.

Si el Tribunal acepta el recurso, la resolución quedará suspendida de forma cautelar hasta que los magistrados decidan su veredicto definitivo.

En comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Rajoy afirmó que configurar una república independiente catalana supone retroceder a tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente.

Subrayó que el Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes y su control por los jueces, así como la protección y tutela de los derechos de los ciudadanos.

El jefe de Gobierno manifestó que el propio Consejo de Estado considera que la citada resolución implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y supone “una declarada insumisión a las instituciones del Estado”.

No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, advirtió.

Insistió en que está defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, y muy especialmente los de los catalanes, porque “no se trata solo de la reacción ante un parlamento, sino de la defensa de un país”.

La propuesta separatista, pactada por los grupos secesionistas, Junts Pel Si y la CUP, establece iniciar en el plazo de treinta días la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.

Aboga por hacer posible el proceso de desconexión democrática de la nación europea, por lo que advierte que no se hará caso a las decisiones que adopten las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional.

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