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Haití: Riesgos de la elección presidencial

Casi 11 millones de haitianos aguardan expectantes los resultados de la primera ronda de los recientes comicios presidenciales, ante la eventualidad de que el balotaje desate la violencia

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Elecciones en Haití |

Mauricio García |

Haití espera este martes, 3 de noviembre, por el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre pasado, en la que se presentaron 54 candidatos de 130 partidos políticos para reemplazar a Michel Martelly.

De no alcanzar ninguno el 51 por ciento de los sufragios, como establece la ley, será necesaria una segunda vuelta el 27 de diciembre entre los dos más votados.

El balotaje hace temer a muchos dentro y fuera del país el estallido de la violencia contra el fraude electoral, que se mantuvo refrenada en la anterior convocatoria a urnas, cuando el índice de participación fue del 30 por ciento de más de cinco millones de votantes sobre una población de 10,6 millones.

Haití es conocida por su inestabilidad política e ingobernabilidad, agravadas por la desigualdad de ingresos, la pobreza, las enfermedades y otros males.

Según diversas fuentes, el 20 por ciento de la población detenta el 64 por ciento de los ingresos totales, y otro 20 por ciento apenas obtiene el uno por ciento.

Este país caribeño, precursor de la independencia latinoamericana, se halla desde tres años sin Parlamento debido a la imposibilidad de organizar elecciones, por lo que Martelly ha gobernado por decreto, lo que genera inconformidad y rechazo.

La primera denuncia contra el fraude electoral en las presidenciales del domingo 25 de octubre partió de Jean Charles Moise, líder y aspirante por la plataforma Pitit Dessalines, al acusar de ese delito al Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), de Martelly.

El mandatario está impedido por ley de aspirar a un segundo mandato, por lo que al parecer se ha valido de un testaferro: Jovenel Moise, candidato por el PHTK, para mantenerse en el poder.

Otros dos aspirantes, Sauveur Pierre Etienne, de la Organización del Pueblo en Lucha, y el independiente Mario Andrésol imputaron también al partido oficialista haber manipulado urnas en su beneficio.

A ellos se unieron la Alternativa para el Progreso y la Emancipación de Haití (Lapeh) y Renmn Ayiti. Ante las denuncias, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estableció una comisión especial para darles seguimiento.

Algunos de los miembros del CEP, según trascendidos, están preocupados por la cantidad de mandatos que emitieron, con los que dieron acceso a los colegios electorales a muchos representantes de los partidos políticos, dando pie a manipulaciones de las urnas.

A partir del 7 de febrero de 2016 un nuevo Presidente, 18 senadores, 118 diputados y 142 alcaldes deberán enfrentarse a grandes desafíos propios del país más pobre de América Latina, en particular la situación de 2,5 millones de personas carentes de medios para cubrir sus necesidades básicas.

En 2010 Haití sufrió su peor terremoto en 200 años. El seísmo de 7,3 grados en la escala Richter causó 222 mil 570 muertos, un millón y medio de damnificados y pérdidas materiales por 7 mil 900 millones de dólares.

Además, Haití se ha visto afectado por una epidemia de cólera, que de acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta octubre pasado tenía a su haber cuatro mil 722 casos, de los cuales 303 fueron mortales.

Junto con las tareas de reconstrucción económica, la nueva administración deberá normalizar las relaciones con la vecina República Dominicana, históricamente malas.

Para ello debe atender la migración, las deportaciones y continuar con su lucha por defender los derechos humanos de decenas de miles de haitianos que representan además, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), una fuerza de trabajo explotada en República Dominicana.

Otro acometimiento es continuar el camino hacia la salida definitiva de la Misión de Estabilización de Haití (Minustah), cuya presencia data de 2004 y que podría extenderse un año más.

Los Cascos Azules han protagonizado escandalosos casos de abuso y explotación sexual de unas 225 mujeres, de las cuales un tercio son menores de 18 años, según el borrador del informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU de 2015.

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