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Un mar azul para Bolivia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó la objeción de Chile a que atienda la demanda boliviana de negociar un acceso al mar

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Por 14 votos a favor y 2 en contra, la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declaró competente para revisar la demanda boliviana por una salida al mar |

Mauricio García |

“Nada impide a la Corte que entienda sobre el asunto”, votaron 14 de sus 16 jueces el pasado 24 de septiembre, decisión calificada internacionalmente de victoria de la razón sobre la fuerza, y de decisivo paso inicial en la demanda boliviana de una salida soberana al mar.

El laudo puso fin a un compás de espera abierto meses atrás luego de que Chile impugnara la competencia del Alto Tribunal en el asunto, alegando que su constitución en 1948 era muy posterior al tratado chileno-boliviano de 1904, que fijó el status quo dictado por la guerra de 1879-1883.

Este pacto, a pesar de denominarse de Paz y Amistad, selló el inicuo despojo de 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio rico en minerales incitado por empresas extranjeras que los explotaban, privando además a Bolivia de su ancestral acceso al mar y condenándola a un enclaustramiento de por vida.

El veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es una estaca en pleno corazón de la argumentación chilena, sostiene desde las páginas del sitio Rebelión el dirigente Rodriguista Jorge Gálvez, para quien su país vive en un aislamiento extremo de los procesos que vive la mayoría del resto de América Latina.

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De esta manera se explica, afirma, la tremenda solidaridad que ha logrado la causa boliviana en los países del mundo y en especial de América Latina, incluyendo sorpresivamente el respaldo del propio Vaticano a través del Papa Francisco, el cual ha indicado que “Siempre hay una base de injusticia cuando hay cambio de límites territoriales y sobre todo después de una guerra”.

“La guerra, acaba de proclamar el Sumo Pontífice en Naciones Unidas, es la negación de todos los derechos”, y para evitarlas, “hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje”.

Bolivia lleva más de 100 años tratando de revertir su situación de mediterraneidad, y al llevar el caso a la CIJ el 24 de abril de 2013, busca resolverlo por vía pacífica, explicó Emerson Calderón, secretario general de su Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), a propósito del inicio de una campaña de concientización pública al respecto.

La demanda boliviana no se basa en la impugnación del Tratado de 1904, sino en “posteriores decisiones unilaterales del vecino Estado, que establecieron compromisos al margen”, sostuvo en febrero pasado el exmandatario Carlos Mesa, vocero internacional de la causa marítima ante la CIJ.

Al respecto y en precisiones hechas meses después, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, sostuvo que su país basa sus argumentos en los ofrecimientos hechos en el pasado por varios gobiernos chilenos, incluida la dictadura pinochetista, de resolver el reclamo marítimo, “pero nunca los concretaron”.

El vicetitular del Senado chileno y presidente del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, citado por lo Radio de la Universidad Nacional, es de la opinión de que el Tratado de 1904 deberá ser indefectiblemente revisado.

No fue el pueblo chileno, sino su clase dominante y la oligarquía, coludados con transnacionales, precisó el presidente Evo Morales, las que causaron la invasión del territorio costero boliviano para provocar un enclaustramiento que lleva 136 años.

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La invasión de 1879, la ocupación de 1884 y el despojo de 1904 son antecedentes de fuerza militar, no de derecho, con los que Chile detenta hoy el Departamento del Litoral, explicó.

Evo, quien en su intervención el pasado viernes 25 de septiembre ante la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible Post-2015 no descartó solicitar la mediación del Papa Francisco, sostiene que el derecho de Bolivia a reivindicar y recuperar su salida al mar es reconocido a nivel mundial,  y no el negociar un callejón al Pacífico sin puerto ni soberanía.

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