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Trabajadores portuarios de Costa Rica contra concesión monopólica

Llevan en huelga una semana y hoy se concentraran para expresar sus demandas

Redacción Central |

El sindicato de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Sintrajap) de Costa Rica cumple una semana de paro, y este martes, 28 de octubre,  realizará  una concentración a las diez de la mañana en la fuente de la Hispanidad.

Los trabajadores de las terminales de Moín y Limón de Puerto Limón, que manejan alrededor del 80 por ciento del comercio exterior de Costa Rica, mantienen la huelga indefinida contra la concesión de mil  millones de dólares para expandir el recinto otorgada a la transnacional holandesa APM Terminals, una unidad de AP Moller-Maersk.

Según señala en su página de Facebook el sindicato de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la movilización tiene por objeto defender el derecho a la huelga; oponerse a los “daños ambientales” del proyecto de APM Terminal, y que no se procese judicialmente a los operarios que han sido arrestados.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha acusado al Sindicato de Trabajadores, y a otras organizaciones que se han sumado a sus reivindicaciones, de situarse “de espaldas al futuro de bienestar y progreso humano que la inmensa mayoría de limonenses demandan”.

La policía tica detuvo el pasado miércoles a 68 personas en el principal puerto del país durante el inicio de la huelga, hecho al que  han seguido disturbios como el bloqueo de carreteras o la quema de llantas en las comunidades vecinas de Cieneguita y Corales, de los que Japdeva se ha desvinculado.

Los trabajadores de Japdeva han asegurado que no están en contra de la construcción de un nuevo muelle sino de la exclusividad en el manejo de los contenedores, y se preguntan si “vale la pena perder dos mil  empleos directos en Japdeva y 20 mil indirectos, a cambio de 450 que ofrece la APM Terminal”.

Uno de los aspectos más cuestionados del contrato con APM Terminal es la tarifa de 223 dólares por movimiento de contenedor, que los demandantes consideran excesiva, y el monopolio que de hecho se crearía con la exclusividad del manejo de la carga en contenedores que se le da a la concesionaria.

Por su parte, el Gobierno alega que la cláusula 9.1 con la transnacional no es objeto de negociaciones porque fue un acuerdo que siguió procedimientos legales durante la gestión del expresidente Oscar Arias (2006-2010).

“Este tema divide porque se hizo a espaldas del pueblo y se negoció debajo de la mesa”, aseguró Ronaldo Blear, secretario general de ese gremio sindical.

Los argumentos de los sindicalistas son secundados por la Federación de Trabajadores de Limón, creada en 1977 y que agrupa a 15 organizaciones del Caribe.

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