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CEPAL respalda a Argentina frente a fondos buitre

Reclaman mecanismo internacional de solución a conflictos de intereses soberanos

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Redacción Central |

El secretario adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Antonio Prado, advirtió que el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa contra Argentina favorable a los fondos buitre atenta contra el sistema financiero internacional.

Tras un nuevo fracaso en busca de un acuerdo entre las partes, la CEPAL considera que constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana.

Prado, quien asistió al Consejo de Ministros de Economía de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Buenos Aires, instó a crear un mecanismo internacional para permitir la resolución de conflictos de intereses soberanos.

En su opinión, los fondos buitre son un caso testigo para la comunidad mundial que pone de manifiesto un vacío legal y debe dar lugar a reformas que permitan proteger el bien común.

El juez Griesa dio un plazo hasta el 30 de julio a Argentina para encontrar una solución al tema de la deuda con bonistas por el desacuerdo del 10 por ciento de estos, a la propuesta del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

La decisión amenaza con llevar a Argentina a una situación de cese de pagos ante lo cual Fernández respondió con firmeza en rechazo de presiones y el chantaje.

Los titulares de Economía y Finanzas de Unasur procuran la defensa de estrategias del Banco del Sur, iniciativa que se proyecta como una institución para el fomento del crecimiento y el desarrollo equilibrado y sustentable de las naciones partícipes.

El pasado miércoles se efectuó la primera reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Banco del Sur, en la que se trataron temas relativos a la operatividad del organismo financiero y se presentaron las nóminas para ocupar los cargos del directorio ejecutivo de la entidad.

Este Banco se enmarca en un contexto mundial en el que los países emergentes buscan alternativas propias de financiamiento y su creación comenzó en 2007 por impulso de los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

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