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Aprueban en España ley mordaza

A partir de ahora es delito hacer manifestaciones de protestas en las calles

Ley mordaza
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Redacción Central |

Conocida como ley mordaza por la restricción de la libertad de expresión, la Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada por el Consejo de Ministros de España este viernes.

Entre las normas de esta decisión legislativa  se encuentran las que otorga a los órganos represivos amplias facultades para la entrada y registro de domicilios, la identificación de personas o los controles y cacheos en la vía pública.

También con la nueva ley pasa a considerarse infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana en protestas o manifestaciones públicas como las celebradas ante el Congreso, el Senado.

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley es un texto “profundamente garantista” y  aludió al aval general que recibió del Consejo de Estado.

De acuerdo con el ministro, la ley regula la “retención”, el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas por un plazo máximo de seis horas, una novedad que se aplicará en supuestos “excepcionales”.  

“La perturbación del desarrollo de una manifestación” será sancionada, según el titular de Interior, en referencia a las protestas celebradas en noviembre pasado frente al Congreso y el Senado.

Por su parte, Ruben Ranz, delegado de la Unión General de Trabajadores (UGT), quien lleva siete años de prisión por participar en un piquete, comentó: “Lo que están buscando es una criminalización del derecho de huelga, no solo del derecho de huelga, sino del derecho de manifestación en general, está muy relacionado con la ley mordaza y lo que quiere hacer este Gobierno es evitar cualquier tipo de manifestación”.

En mi caso éramos un piquete muy pacífico. Fuimos a los hoteles de cinco estrellas para hacer ruido. La Policía cargó de forma desmedida contra todo el piquete, entonces ahí se cayó un compañero mío, le detienen y yo simplemente me acerqué para decir no os llevéis al más mayor, porque tenía 67 años, y por decir eso me detuvieron, contó Ranz, quien está pendiente de juicio.

Hay más de 260 procesados, algunos por lo penal como Ranz, y otros, la mayoría, por lo administrativo. Pero para seis ya hay sentencia de cárcel. Los sindicatos pidieron el indulto de todos, y ahora el caso lo estudia el Ejecutivo.


 

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