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Alcanzan acuerdo FARC-EP y gobierno colombiano en conversaciones de paz

En un comunicado conjunto, las partes del conflicto beligerante en Colombia anunciaron medidas a tomar para dar solución al problema de las drogas ilícitas

Acuerdos de paz
Acuerdos de paz |

Redacción Central |

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), junto el gobierno de ese país suramericano, emitieron este viernes un comunicado conjunto que anuncia un nuevo acuerdo como parte de las conversaciones establecidas para poner fin al conflicto armado que desde hace más de cinco décadas sacude a ese país.

En el texto, emitido en La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, se explican las medidas a tomar para dar solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia. Entre otras medidas, apunta el texto que se activará desde el Gobierno, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el cual está enmarcado dentro de la Reforma Rural Integral previamente acordada.

A continuación el comunicado emitido por las FARC-EP y el gobierno colombiano:

COMUNICADO CONJUNTO # 36

La Habana, Mayo 16 de 2014

Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:

Hemos llegado a un acuerdo sobre el cuarto punto de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, tercero en discusión, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del Acuerdo General:

1.     Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.

2.     Programas de prevención del consumo y salud pública.

3.     Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Lo que hemos convenido, reconoce que para sentar las bases de una paz estable y duradera en Colombia es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

Que la persistencia de estos fenómenos está ligada a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Que la producción y comercialización de drogas ilícitas ha tenido graves consecuencias sobre la población colombiana, tanto en el campo como la ciudad, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

Que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto.

Que el fin del conflicto representa una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.

Que esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico.

Que las políticas que se emprendan deben tener un enfoque territorial, basado en la participación ciudadana y en la presencia y fortalecimiento de las instituciones, especialmente las responsables de la atención social y de la seguridad y protección de las comunidades, para construir soluciones sostenibles y garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema.

En particular, se acordó en primer lugar la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en cabeza de la Presidencia de la República, cuyos objetivos son generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito y eliminar de manera definitiva y sostenible los cultivos de uso ilícito y la ilegalidad asociada a estos en todo el territorio. El programa debe contribuir también al cierre de la frontera agrícola, la recuperación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible.

No se trata de tener solamente territorios sin coca, sino también dar garantías plenas a las comunidades para el ejercicio de sus derechos y libertades.

El Programa hace parte de la Reforma Rural Integral, acordada en el primer punto de este Acuerdo.

Esta solución definitiva será posible si es el resultado de la construcción conjunta entre comunidades y autoridades, mediante procesos de planeación participativa,de Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, para lograr la trasformación estructural del territorio, y generar condiciones que les permita a los cultivadores de coca desvincularse definitivamente de esa actividad y a todos los habitantes de las zonas afectadas de esos cultivos, gozar de condiciones de bienestar y buen vivir. Se promoverá la participación efectiva de la mujer y, en general, el fortalecimiento de las normas del Estado Social de Derecho. De esa manera se asegura una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito.

Las FARC-EP participarán en el programa y contribuirán a la solución definitiva del problema de los cultivos de uso ilícito.

Un principio fundamental del programa es la sustitución voluntaria. La decisión y la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, es la condición necesaria para garantizar la sostenibilidad  de las acciones que se implementen y la solución definitiva del problema, así como el compromiso del Gobierno de poner en marcha los planes de asistencia inmediata y los procesos de planeación participativa para generar condiciones dignas de vida y de trabajo.

Las medidas de apoyo por parte del programa estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso pleno de no cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en las comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el marco del programa, haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización que tenga en cuenta la información de las comunidades.

Pendiente párrafo 4…

La construcción conjunta de soluciones depende también del compromiso de comunidades y autoridades, en particular de alcaldías y gobernaciones, con la elaboración y puesta en marcha de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, en el marco y con el apoyo del Programa.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el programa requiere de la provisión de garantías y condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y de sus capacidades de protección de las comunidades.

Acordamos que la protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requieren también asegurar el desminado. Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes medios y en lo que corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información.

Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.

En cuanto al consumo, este constituye una preocupación creciente de las familias colombianas y un desafío de la sociedad. Se acordó que requiere un tratamiento prioritario sobre la base del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en torno a una política de Estado, más comprometidacon la promoción en salud, prevención, reducción del daño, atención integral e inclusión social de los consumidores que debe tener un enfoque diferencial y de género con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes.

Esta política se concibe en el marco de un enfoque de derechos humanos y de salud pública basado en la evidencia.

Se acordó crear un programa de alto nivel para articular las instituciones nacionales y regionales con competencia en la reducción del consumo y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste e implementación de una política en esta materia.

El programa busca garantizar el diseño y puesta en marcha de una política pública con acciones sostenibles en el tiempo de manera articulada y coordinada según las competencias de cada institución.

Para garantizar la participación de las comunidades, los consumidores y expertos en la materia, acordamos que se creará una instancia nacional representativa, que coordine dicha participación y formule unos lineamientos que sirvan como insumo al Programa para el rediseño de la política nacional frente al consumo sobre la base de análisis territoriales.

Se acordó promover y fortalecer la atención institucional en los territorios en materia de consumo y elaborar planes participativos que se adecuen a las realidades de cada territorio y su población, e incluyan acciones para prevenir el consumo basadas en la evidencia, para reducir el daño y minimizar el impacto negativo del consumo y para ampliar y mejorar el acceso y la oferta en atención y asistencia cualificada de los consumidores, entre otros.

Un complemento fundamental de la solución al problema de las drogas ilícitas es la lucha contra la lucha contra la producción y comercialización.

Se acordó que el Gobierno Nacional, en el marco del fin del conflicto, pondrá en marcha una estrategia de política criminal de alcance nacional con enfoque territorial, que fortalezca la efectividad institucional y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que en los territorios constituyen una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Esto, de forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción.

Adicionalmente, acordamos que se pondrá en marcha una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluya, entre otros, el mapeo de la cadena de valor del narcotráfico sobre la base de un nuevo modelo basado en el trabajo de un grupo de expertos; un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas que permita articular y fortalecer toda la normatividad en la materia en todos los sectores que se puedan ver afectados por el lavado, sobre la base del trabajo de una comisión de expertos; rediseño o creación de nuevas instancias de investigación, supervisión o control financiero de las redes de crimen organizadas asociadas al narcotráfico; una campaña nacional contra el lavado de activos para generar una cultura de prevención y rechazo al lavado de activos; puesta en marcha de una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio en casos asociados al narcotráfico.

También se acordó establecer las normas y mecanismos necesarios para luchar de manera efectiva contra el tráfico de insumos.

Como parte de su compromiso de lucha contra la corrupción, el Gobierno desarrollará una estrategia integral de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, sobre la base de las recomendaciones de expertos que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional.  

Se acordó que el Gobierno promoverá en el marco del fin del conflicto, una conferencia internacional en el ámbito de la ONU para hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la perspectiva y la responsabilidad compartida entre países productores y consumidores.

Por último, acordamos que todo lo anterior solo es posible con el compromiso efectivo de todos:

·        El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. 

·        El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión y en razón del conflicto, se hubiese presentado con este fenómeno. 

·        El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso con  la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. 

·        El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social,  de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas  y los dineros provenientes del mismo. 

·        Por último, la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización  de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.  

Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos.

Recordamos que uno de los principios que guían La Mesa de Conversaciones es que “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Esto significa que los acuerdos que se construyen, están condicionados a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y que se pueden ajustar y complementar.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se realizaronsobre este tema de cultivos ilícitos.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas, leídas y tenidas en cuenta por las delegaciones en La Habana.

Queremos agradecer a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.

Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales.

Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.

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