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No había razones para destituir a Fernando Lugo en Paraguay

Un informe presentado por un grupo independiente demuestra que la versión utilizada por los golpistas paraguayos sobre la masacre de Curuguaty para destituir al presidente constitucional, Fernando Lugo, es falsa

Redacción Central |


Un informe presentado por un grupo independiente demuestra que la versión utilizada por los golpistas paraguayos sobre la masacre de Curuguaty para destituir al presidente constitucional, Fernando Lugo, es falsa

Especial de La Voz del Sandinismo, octubre 4.— La Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, instalada en Paraguay y presidida por el doctor Domingo Laino, presentó en Asunción, la capital guaraní, un informe que desbarata la versión oficial utilizada sobre la masacre de Curuguaty para llevar a cabo la destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, el pasado 22 de junio.

El informe, titulado Iniciativa para el Esclarecimiento de los Sucesos de Curuguaty, fue elaborado por el jurista español Dr. Aitor Martínez Jiménez, en base a testimonios, documentos gráficos y audiovisuales, declaraciones de los responsables de la investigación y de todos aquellos que estuvieron presentes en Marina Cué el fatídico 15 de junio pasado.

La iniciativa busca reunir a todas las organizaciones civiles y sociales que tengan interés en velar por el esclarecimiento de los trágicos sucesos y brindar asistencia jurídica a todos aquellos que no cuenten con la misma.

Por lo pronto, la Plataforma ha asumido al defensa de 11 de los 15 detenidos tras la masacre: Felipe Martínez Balmori, Dolores López, María Fani Paredes, Lucia Aguero, Luis Olmedo, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Nery Urbina, Juan Carlos Tilleria, Alcides Ramírez Paniagua, y Adalberto Castro. La defensa está a cargo de los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, quienes trabajan ad honorem para la Plataforma y cuentan con el asesoramiento técnico jurídico del Dr. Aitor Martínez.

Deconstruyendo a la Fiscalía

Según el informe, lo expuesto por la Fiscalía sobre el caso es falso, y se sustenta en pruebas y estudios elaborados por un equipo dirigido por el jurista español Aitor Martínez Jiménez.

La investigación expone que el operativo de desalojo contó con 323 efectivos policiales, y debía negociar la salida de unos 60 campesinos, pero en medio de las conversaciones, se desató un tiroteo que derivó en la muerte de 6 policías y 11 campesinos, resultando heridas cerca de 100 personas, entre uniformados y labriegos.

Puntualmente, la investigación contradice a la Fiscalía, aludiendo que los campesinos no pudieron haber armado una emboscada, mostrando imágenes, videos y estudios técnicos que sostienen que la recepción a los policías estuvo totalmente desorganizada, incluso estaban presentes mujeres y niños, que no hubieran tenido participación en caso de haberse planeado un ataque.

Por otro lado, el texto explica que el sonido de los disparos, las heridas de bala y otros aspectos, determinan que fueron utilizadas armas de grueso calibre, automáticas, pudiendo tratarse incluso de M16. Estas armas no fueron halladas en el campamento y tampoco fueron incautadas de los campesinos. En ese sentido, la investigación descarta que los campesinos hayan disparado.

Las armas de los campesinos fueron 4 escopetas viejas y solo una fue disparada.

“La versión extraída de las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron fue que francotiradores apostados alrededor comenzaron a disparar indiscriminadamente, propiciándose la masacre. Ambos actores, policías y campesinos coinciden en este punto”, menciona el informe.

La Policía disparó primero y de forma indiscriminada

El informe recoge además denuncias de detenciones y maltratos a menores de edad, así como pruebas que fueron plantadas para inculpar a los labriegos.

Un video mostrado en el dossier muestra que “fue la Policía la que rodeó a los campesinos, y no al revés”.

El informe dice al respecto, que llegados los efectivos con armamento largo, la Policía respondió de forma violenta y comenzó a disparar contra el campamento de manera indiscriminada. Pero lo más relevante mostrado por las imágenes es que ninguna de las armas automáticas disparadas contra los policías fueron encontradas en el campamento, por lo que esos nueve campesinos abatidos y el resto de heridos en aquella respuesta desproporcionada no habían sido los artífices de los disparos a policías.

“Los testigos advierten que, además de los disparos de larga distancia efectuados por la Policía contra un campamento indefenso que no devolvía el fuego (ya que no cayó ningún Policía más durante el asalto al haber desaparecido los fusiles automáticos), los Policías accedieron ejecutando indiscriminadamente a todos los campesinos que fueron encontrando”, menciona el informe y agrega que muchos campesinos murieron por “ajusticiamiento a corta distancia”, tratándose de “ajusticiamientos extrajudiciales”.

Igualmente, como evidencia, la organización argumenta que es imposible que los campesinos hayan respondido con disparos, puesto que, incluso, uno de los policías muertos tenía un chaleco antibala con 4 perforaciones con armas de gran poder, que no pudieron haber sido usadas por los labriegos.

Supuestas irregularidades en la investigación fiscal

Domingo Laíno indicó en la presentación que no buscan confrontar con los estudios de la Fiscalía, sino colaborar en la investigación, ya que mucha información sumamente relevante fue omitida.

Además, indicó que no se trató de una investigación “unidireccional” que apunta a defender a los campesinos, sino que persigue encontrar la verdad y explicar con claridad lo sucedido en la aciaga jornada del viernes 15 de junio pasado que desató una crisis política en Paraguay.

El jurista español, Aitor Martínez Jiménez, expresó que buscarán garantizar el debido proceso y las garantías de los campesinos que se encuentran a disposición de la justicia.

“No van a escuchar ninguna conclusión, solo daremos pistas. De las armas incautadas solo una fue disparada y esa arma estaba rota. Pudo haber ejecuciones ese día, la usurpación de estas tierras, hay muchas irregularidades. Nos vamos a enfocar en las torturas denunciadas, tampoco las detenciones arbitrarias se han investigado. Hay una posible ocultación de cadáveres, esto vamos a poner en conocimiento de la fiscalía. Vamos a denunciar que aparecieron 40 hectáreas de marihuana en los campos de Blas N. Riquelme.”, señaló Jiménez.

¿La antología del disparate?

El presidente de facto, Federico Franco, calificó la investigación como “antología del disparate”, y añadió que ese es un tema que le corresponde investigar a la Justicia y no a Plataforma.

“Es una antología del disparate, en cualquier país serio está la Justicia”, expresó el jefe de Estado en la conferencia de prensa que realiza cada 15 días en el Palacio de López.

Franco manifestó “que uno de los asesinos está detenido (haciendo alusión a Rubén Villalba) y deberá rendir cuentas ante la justicia”.

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