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Restricción del voto en Estados Unidos

Las zonas oscuras del sistema democrático estadounidense

Redacción Central |

Las zonas oscuras del sistema democrático estadounidense

Francesca Emanuele
Diario 16

Algunas leyes nos impulsan a que retrocedamos decenios en la historia. Son como agujeros de gusano que pueden enviarnos al pasado sin que nos demos cuenta de que hemos hecho un retro-viaje de más de 4 décadas. Así es como se sienten algunos de los norteamericanos, adoloridos por un jet lag de leyes estatales que restringen su ya escaso sistema democrático.

La decimoquinta enmienda a la Constitución de EE. UU., ratificada en 1870, establece que un ciudadano no puede estar impedido de votar por motivo de su raza o color. No sería hasta 1965 que esto se hiciera efectivo con la Voting Rights Act. Sin embargo, como veremos a continuación, las luchas por limitar la democracia son como un ave Fénix que resucita ni bien ha recobrado fuerzas para recolectar sus cenizas.

En 2008 la participación en las elecciones presidenciales en EE. UU. alcanzó un récord desde 1960: 63% entre el electorado capacitado para votar. Casi un “milagro democrático” si la comparamos con las elecciones parciales para el Congreso (cada 2 años), que a veces ni llega a superar el 40% de participación.

Estamos hablando de un país que elige a sus gobernantes, en ocasiones, con menos de la mitad de sus ciudadanos, y esto contando solo el electorado con derecho a voto, sin incluir en él la retahíla de restricciones existentes como, por ejemplo, los 4 millones de estadounidenses privados de voto por haber cumplido una pena en prisión.

Una democracia que pertenece al Estado más poderoso del mundo y que se encuentra no solo mediada por un Colegio Electoral, sino que además está sustentada en un porcentaje irrisorio de sus ciudadanos elegibles para votar.

Como decía, las búsquedas para limitar la democracia nunca mueren: Legisladores y gobernadores del Partido Republicano han presentado y aprobado leyes que coartarían el acceso a las urnas, especialmente de ciertos grupos: población de bajos ingresos, afroamericanos, latinos, jóvenes y ancianos. Perfiles que mayoritariamente votarían al Partido Demócrata.

En 34 estados se han presentado leyes que obligan a mostrar una identificación con fotografía para poder votar. Estas leyes se elaboran para frenar el fraude electoral. No obstante, este fraude es inexistente. Invirtiendo sumas millonarias, se analizaron concienzudamente los votos de 2002-2007. Los fiscales federales encontraron 86 casos de posible fraude electoral. Muchos de ellos eran ex criminales que desconocían que estaban incapacitados para votar.

En 9 estados ha sido aprobada la medida, a pesar del pequeñísimo número de casos de fraude. EE. UU. es un país sin DNI (documento de identificación). El documento que se suele utilizar como identificación es la licencia de conducir. Las personas que carecen de esta documentación tienden a ser gente de bajos recursos.

Asimismo, 24 medidas de restricción al voto han sido aplicadas en 17 estados desde 2011. En algunos estados se están revisando sistemáticamente los registros electorales y eliminando a gran cantidad de ciudadanos del padrón.

En Florida el 61% de los ciudadanos eliminados del padrón electoral —que deben presentar documentación para ser readmitidos, si quieren votar en las próximas elecciones— es de origen latino, cuando únicamente el 14% del electorado en Florida es de origen hispano.

Otra artimaña de restricción es eliminar o acortar los días del voto anticipado. Las elecciones en EE. UU. siempre caen en martes, hecho por el que muchos trabajadores no pueden votar aquel día. Por tanto, sobre todo gente de bajos recursos con largas jornadas de trabajo, dejaría de votar si es que no se le diese la oportunidad de hacerlo durante el fin de semana.

Todas estas restricciones afectarían aproximadamente a 5 millones de personas, mayoritariamente votantes al Partido Demócrata. Muchas de estas leyes están siendo impugnadas en las cortes. Integrantes del PD están usando los cauces regulares de denuncia para atajar estas medidas restrictivas.

Sin embargo, además de usar estos medios formales, el PD no ha hecho un acopio a nivel nacional de sus bases. No se ha lanzado a las calles a luchar por la parte de su electorado potencialmente perdido.

Tal vez el PD ha sopesado los beneficios de hacer de esta cuestión un tema de campaña. Tal vez militar en las calles abiertamente en favor de estos 5 millones —en su mayoría personas de bajos recursos y de procedencia extranjera— les quitaría parte del voto volátil “blanco” que están buscando para asegurar su victoria.

Puede que piensen que tampoco vale la pena, debido a que calculan que estos 5 millones —aun teniendo la oportunidad de hacerlo— no se acercarían a las urnas.

No obstante, lo que aquí está en juego no solo pasa por el beneficio del PD. Lo que aquí está en juego es la reducción y el flagelo de unos derechos democráticos que tantas batallas y muertes costó conseguir durante décadas de historia. Nos encontramos ante el incremento de la desnutrición de un sistema democrático ya famélico.

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