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Costa Rica tiene que acatar la sentencia en caso del río San Juan

Así lo afirmó el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Carlos Guerra. En caso que no quieran acatar el fallo, será el SICA la instancia que tiene la facultad para obligar a nuestros vecinos del sur a cumplir lo dispuesto en la resolución

Carlos Guerra
Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Carlos Guerra | César Pérez

Redacción Central |

Así lo afirmó el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Carlos Guerra. En caso que no quieran acatar el fallo, será el SICA la instancia que tiene la facultad para obligar a nuestros vecinos del sur a cumplir lo dispuesto en la resolución
»Corte Centroamericana de Justicia condena a Costa Rica 

El magistrado Carlos Guerra Gallardo, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), consideró este lunes que Costa Rica está obligada a acatar la sentencia dictada tras la demanda que le impusieron organizaciones ambientalistas de Nicaragua por la construcción de una carretera al margen del cuerpo de agua, vía que fue ordenada suspender de inmediato.

Al mismo tiempo, Guerra consideró que corresponde a Nicaragua cuantificar los daños económicos que se han originado en nuestro Río San Juan por la construcción de la carretera.

Lo anterior trascendió en conferencia de prensa luego que representantes del Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) y el Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, se presentaran en la CCJ para recibir la resolución de ese organismo jurídico.

En la sentencia se afirma que Costa Rica está sometida a la “jurisdicción y competencias obligatorias de la Corte Centroamericana de Justicia por ser un estado firmante del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)”.

El texto final ordenó suspender la construcción de la vía y además condenó al estado costarricense por cometer desacato al incumplir la medida cautelar dictada por la CCJ en enero de este año.

“Los países centroamericanos firmantes del Protocolo de Tegucigalpa, nuestra carta fundamental en materia comunitaria, están obligados a cumplir esta sentencia”, subrayó Guerra después de leer la resolución.

Explicó que todos los parlamentos han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa, menos Costa Rica, pero esto no impide que sus gobernantes costarricenses la reconozcan.

“Al no tener ratificado el convenio y no poder nombrar los magistrados por ese fin, se está en un deterioro de la posición de ciudadanía de los países que no han nombrado sus magistrados aquí en la Corte Centroamericana de Justicia”, explicó.

En caso que Costa Rica no quiera acatar el fallo de la CCJ, Guerra explicó que será la reunión de presidentes del SICA, la instancia que tiene la facultad para obligar a nuestros vecinos del sur a cumplir lo dispuesto en la resolución.

“Podría ser que en una reunión de presidentes, ya sea ordinaria o extraordinaria se pueda conocer del caso. La sentencia tiene sus propias características que la hacen muy especial, aquí hay normas de derechos comunitarios y normas de derecho internacional”.

En el noveno punto de la resolución de sentencia, la CCJ se abstiene de determinar la cuantía que en concepto de reparación reclama Nicaragua por la responsabilidad incurrida, por eso los organismos ambientalistas que demandaron a Costa Rica tendrán que ser auxiliados por el estado de Nicaragua en aras de determinar el valor de los daños.

Costa Rica debe pagar los daños

Por otro lado, el director de FONARE, Camilo Lara, manifestó que Costa Rica no puede seguir en su posición de violentar las normas internacionales y comunitarias, algo que ha venido cometiendo reiteradamente.

“Nosotros queríamos que se condenara por esa violación al derecho comunitario y evidentemente nosotros vamos a pedir que ahora Costa Rica pague por los perjuicios que ha hecho a nuestro Río San Juan y vamos a elevar esta solicitud al Gobierno de Nicaragua, para que lo pueda establecer a través de la Corte Internacional de Justicia”, dijo Lara.

Subrayó que esta sentencia de la CCJ debe ser utilizada por el Estado y Gobierno de Nicaragua en el juicio que mantiene en la Corte Internacional de Justicia y también presentarlo ante el SICA como un problema regional.

“Esto no es un problema entre Costa Rica y Nicaragua, es un problema de la región, es por eso que hacemos llamados enérgicos al Gobierno de Nicaragua para que no seamos solos las ONG las que estamos en función de esto, sino que ya sea una situación de Estado a Estado y que sea a través de la CIJ que se lleve esta resolución como evidencia del daño que ya está tipificado”, puntualizó Lara.

(Redacción Central La Voz del Sandinismo-El 19 Digital)

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