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La impunidad se extiende en Guatemala

Cierran dos procesos penales donde están implicados altos cargos de gobiernos anteriores

Ministerio Público impugna absolucion
Tanto el Ministerio Público como la Cicig anunciaron la preparación de sendas apelaciones a la sentencia y esta última reaccionó con la denuncia sobre la debilidad y falta de independencia de la justicia en este país. | prensalibre.com.gt

Redacción Central |

Cierran dos procesos penales donde están implicados altos cargos de gobiernos anteriores

Decisiones judiciales en dos sonados casos se unen como muestras de la impunidad extendida en Guatemala, al decir de expertos, quienes denuncian parcialidad en ambos.

Primero fue el fallo absolutorio en el juicio contra el expresidente Alfonso Portillo, acusado de haber robado millones de fondos asignados al Ministerio de la Defensa Nacional durante su gobierno (2000-2004).

El exmandatario y dos de sus ministros de entonces saldrán en libertad por decisión de dos de las tres juezas actuantes en el proceso, lo cual levanta voces de protesta tanto en instituciones como en agrupaciones de la sociedad civil.

Las magistradas determinaron la inocencia de Portillo y sus presuntos cómplices, pese a que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) aseguran haber presentado suficientes pruebas para condenarlos.

Tanto el MP como la Cicig anunciaron la preparación de sendas apelaciones a la sentencia y esta última reaccionó con la denuncia sobre la debilidad y falta de independencia de la justicia en este país.

Paralelamente, las dos juezas de marras reciben contundentes críticas de diversos sectores por una actuación que consideran más acorde con la defensa de los imputados, incluso por términos y frases utilizados, lo cual pone en duda su imparcialidad.

Con pocas horas de diferencia otro tribunal dio a conocer el cierre de un proceso penal, como para reforzar las opiniones acerca de las fallas intencionadas en el sistema de justicia.

La jueza encargada ordenó esa medida en el caso seguido contra Alejandro Giammattei, a quien lo implicaron en ejecuciones extrajudiciales cuando fungía como director del Sistema Penitenciario.

A Giammattei, aspirante presidencial en 2007, lo acusaban de integrar un grupo clandestino dentro de las fuerzas de seguridad dedicado a crímenes como esos y otros delitos, según investigaciones de la fiscalía de la Cicig.

Específicamente el caso se trataba de las supuestas ejecuciones de siete reos durante un motín carcelario y de tres más fugados antes, aunque se había librado ya de ese cargo al serle sustituido por el de asociación ilícita.

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