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Policía española inicia expulsión de inmigrantes

Detendrá a quien no pueda acreditar residencia legal

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Policía española inicia expulsión de inmigrantes. | internet

Redacción Central |

Detendrá a quien no pueda acreditar residencia legal

La Dirección General de Policía y Guardia Civil española  difundió una circular “de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo  en la que ordena que los expedientes de expulsión de extranjeros se inicien a la “mayor brevedad posible” y  sean trasladados a dependencias policiales los inmigrantes que no puedan acreditar su residencia  legal en España.

Esta circular, firmada el 25 de enero por el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda, tiene un carácter especialmente reservado y así queda reflejado en todas y cada una de sus 29 páginas, en las que se puede leer un recuadro que indica: “Documento de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión o publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades”.

Persigue abordar de la forma más concreta posible las previsiones legales que fueron y son objeto de mayores controversias y las actuaciones policiales que las mismas posibilitan o imponen realizar desde la entrada en vigor, el pasado mes de diciembre, de la nueva Ley de Extranjería.

El texto cita la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 1992 y según la cual todos los extranjeros que se encuentren en España tienen la obligación de acreditar que se hallan legalmente. Según la interpretación que se da en la circular, esa ley permite a los agentes trasladar a dependencias policiales a los inmigrantes que no puedan cumplir con la citada “obligación”.

En este sentido, el texto recuerda a los agentes que tienen dos opciones para trasladar a comisaría a un extranjero no identificado: conducir al individuo a efectos de identificación o llevarle en calidad de detenido, de forma que el inmigrante sería privado de libertad en dependencias policiales mientras se realizan las actuaciones necesarias para probar si se encuentra o no regularmente en España y cuáles son sus circunstancias.

Esta detención preventiva puede prolongarse por 72 horas, tiempo durante el que el funcionario deberá dar luz verde al llamado “acuerdo de iniciación” que pone en marcha el procedimiento de expulsión, ya sea por el proceso ordinario, que da un tiempo al extranjero para abandonar voluntariamente el país, o por el preferente.

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