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Nueva ola represiva desatan golpistas en Honduras

Disuelven policías y soldados manifestación de la resistencia y detienen también a decenas de campesinos que ocupaban el Instituto Agrario Nacional

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Nueva ola represiva desatan golpistas en Honduras. | AP

Redacción Central |

Disuelven policías y soldados manifestación de la resistencia y detienen también a decenas de campesinos que ocupaban el Instituto Agrario Nacional

La capital de Honduras sufrió otra ola represiva de los sectores golpistas con vastos despliegues de policías y soldados, que apresaron a más de 50 campesinos y dispersaron una manifestación popular.

Las acciones de tropas antimotines y del ejército fueron realizadas mientras sigue en vigencia el  estado de sitio decretado el domingo por 45 días, pero no impidieron las protestas de la resistencia antigolpista en las calles.

Un fuerte contingente de policías desalojó a más de medio centenar de personas que ocupaban desde el golpe militar del 28 de junio el Instituto Nacional Agrario (INA). En un comunicado, cinco organizaciones campesinas condenaron la operación y demandaron la inmediata libertad de los arrestados.

“Se trata de  una franca violación a los derechos humanos, a la libre circulación y a todas las garantías individuales establecidas en la constitución”, subrayó el documento.

“La represión al movimiento campesino es parte de la estrategia del régimen golpista para desarticular a la resistencia popular”, advierte.

Pocas horas después, un fuerte contingente de soldados y policías acordonó el concurrido bulevar Morazán a la altura de la emisora Radio Globo, donde el Frente Nacional contra el golpe de Estado convocó a una concentración opositora.

La radioemisora y el canal 36 de la televisión fueron clausuradas por policías y militares pocas horas después de anunciada la suspensión de las garantías constitucionales.

Tras una caminata de varias cuadras hacia el canal 36, los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos a unos 200 metros de la televisora  y fueron perseguidos por ese sector de la ciudad.

La represión se profundizó pese a la promesa del gobernante de facto Roberto Micheletti, quien dijo el lunes que iba a “derogar” el estado de sitio impuesto el domingo, medida criticada por Estados Unidos y hasta por partidarios del golpe de Estado del 28 de junio que derrocó a Zelaya.

El asesor de la Casa Blanca para América Latina, Dan Restrepo, dijo este miércoles que Micheletti debe restablecer “todos los derechos” de los hondureños  como primer paso para buscar una salida a la crisis.

“Es esencial que el gobierno de facto devuelva de manera inmediata y completa todos los derechos civiles y constitucionales a los ciudadanos de Honduras”, dijo Restrepo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que este viernes llegará a Tegucigalpa una misión que preparará la visita del secretario general, José Miguel Insulza, y varios cancilleres, prevista para el próximo miércoles.

La misión será encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, y se unirá en Honduras a John Biehl, asesor de Insulza, que pudo quedarse el domingo en el país luego de que el régimen de facto expulsara a otros cuatro enviados de la OEA.

Cientos de personas protestaron frente a los estudios de  la silenciada Radio Globo, mientras a corta distancia policías antimotines y militares los vigilaban.

“Queremos a Radio Globo”, “pueblo que escucha, únete a esta lucha”, “el pueblo unido jamás será vencido”, gritaban los manifestantes.

En tanto, a una cuadra de la casa de gobierno unos 20 periodistas de Radio Globo y del Canal 36 protestaron para exigir la devolución de los equipos requisados por la Policía y la reapertura de ambos medios, cuyos estudios permanecen bajo custodia militar.

Ambos eran los únicos medios opositores al régimen de facto y promovían la restitución en el poder de Zelaya, quien lleva nueve días en la embajada brasileña en Tegucigalpa, tras volver al país.

Los reporteros y otros trabajadores de la Radio han continuado trabajando y suben la señal a internet, de donde es tomada y retransmitida al aire por pequeñas radios hondureñas de provincia y una emisora salvadoreña que se escucha en Tegucigalpa.

Organizaciones campesinas de Honduras condenaron  la represión contra sus miembros y ratificaron su demanda de restitución de la legalidad democrática y del presidente constitucional, Manuel Zelaya.

En un comunicado esas agrupaciones repudiaron el desalojo esta madrugada por la policía del Instituto Nacional Agrario (INA), ocupado por los hombres del campo desde el golpe militar del pasado 28 de junio.

En el texto, leído por el dirigente Ramón Navarro en una improvisada conferencia de prensa en plena calle, frente a la clausurada emisora Radio Globo, exigieron la libertad de  58 arrestados, entre ellos seis mujeres y dos menores.

“El INA fue creado para ejecutar los fines de la reforma agraria y por ende constituye una institución del sector campesino, razón por la cual siempre ha sido protegido por sus organizaciones”, apuntan.

En ese sentido, responsabilizan al gobierno de facto por la vida de los detenidos y más de 600 expedientes que se encuentran en el INA relacionados con casos agrarios.

“El movimiento campesino no reconoce a ningún funcionario del régimen golpista del INA y exige el retorno del orden constitucional y de las autoridades legítimas”, subrayan.

Las organizaciones firmantes son la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, el Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, la Asociación para el Desarrollo Integral de Occidente y la Organización Campesina Hondureña.

Esas fuerzas hacen un llamado a los campesinos a exigir la libertad de los detenidos y a sumarse a las acciones de la resistencia para la recuperación del estado de derecho en Honduras.

El Frente Nacional contra el golpe de Estado convocó a las fuerzas populares a concentrarse este miércoles frente a Radio Globo, clausurada este lunes poco después de decretado el estado de sitio por 45 días.

Los miembros del Frente repudiaron el desalojo del INA y demandaron la libertad de los campesinos, acusados de sedición, por lo cual los consideraron presos políticos.

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