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Respuesta a golpistas hondureños es la insurrección, afirmó legisladora

La diputada Silvia Ayala recordó que la Constitución de ese país así reconoce ese derecho si no funcionan las acciones de desobediencia civil y denunció la represión militar generalizada existente en la nación

Silvia Ayala y Milton Jimenez
La diputada Silvia Ayala recordó que la Constitución de ese país así reconoce ese derecho si no funcionan las acciones de desobediencia civil y denunció la represión militar generalizada existente en la nación | r

Redacción Central |

La diputada Silvia Ayala recordó que la Constitución de ese país así reconoce ese derecho si no funcionan las acciones de desobediencia civil y denunció la represión militar generalizada existente en la nación

La diputada Silvia Ayala, del Partido Unificación Democrática de Honduras, dijo que el pueblo,  con las acciones de resistencia,  está haciendo uso del derecho que le da la Constitución de la República, la cual, en su artículo tres, señala claramente que nadie debe obediencia a un gobierno que ha asumido sus funciones por la fuerza y  faculta el ejercicio de  la desobediencia civil.

Incluso la Constitución menciona explícitamente la palabra insurrección si las acciones de desobediencia civil no funcionan, según la diputada Ayala.

Informó que el próximo paso es promover, con el apoyo de los movimientos sociales, un boicot generalizado contra las principales empresas hondureñas que han estado financiando y avalando el golpe de Estado.

La diputada Silvia Ayala, del Partido Unificación Democrática de Honduras denunció  que  la población sufre una represión militar generalizada, desatada por los golpistas  y la oligarquía que propició el golpe de Estado al presidente constitucional Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio.

“Es una situación muy convulsa, en la que nadie puede estar seguro de que va a llegar con vida a su trabajo o a su casa”, dijo la legisladora hondureña en una entrevista brindada al programa En Vivo del canal 4.

“Es una situación de verdadera represión, de militarización a nivel de las calles, de las carreteras, a nivel de las principales instituciones del Estado”, añadió Ayala, quien abandonó Honduras por la falta de garantías constitucionales.

Los militares y la oligarquía golpista tratan de dar la imagen de que en Honduras no hubo un golpe de Estado “pero basta con transitar en cualquiera de las calles para darse cuenta del clima de represión e inestabilidad que se está viviendo”, puntualizó.

Desde que el presidente Zelaya fue expulsado del país manu mlitari se han reportado varios muertos durante  las acciones de resistencia de la población, entre ellos un adolescente originario de Olancho y un trabajador que murió atropellado por cuadrillas de una de las empresas de comunicaciones que controlan los golpistas, la cual ejerce labores de espionaje e intervención de los sistemas de comunicación.

La diputada Ayala subrayó que los golpistas no calcularon el nivel de resistencia de la población, la cual  no se quedó en sus casas y se ha mantenido en las calles desde el pasado 28 de junio pese a la suspensión de las garantías ciudadanas y a la represión militar.

Mientras tanto, el magisterio hondureño mantiene una huelga nacional y un paro general de labores, las principales instituciones del Estado no han recobrado la normalidad y algunas entidades continúan tomadas por los trabajadores, informó Ayala.

Por otro lado, el Ejército ha ocupado y congelado las cuentas de muchas municipalidades con alcaldes liberales que apoyan al mandatario legítimo Manuel Zelaya, como ocurrió en Santa Bárbara.

Los alcaldes y los 13 diputados del partido liberal de Zelaya, así como los de  la bancada del partido Unificación Democrática al que pertenece Ayala también están siendo perseguidos, hostigados y bajo amenaza de  la cúpula castrense..

El toque de queda impuesto por los golpistas también  ocasionó pérdidas económicas millonarias a los empresarios hondureños y afectó a miles de trabajadores y estudiantes de secundaria y universitarios que estudian de noche.

Los golpistas han suspendido los derechos individuales garantizados plenamente por la Constitución hondureña, entre otros la libre movilización dentro y fuera del país, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de no ser privado de la libertad si no es con orden judicial y el derecho a no ser incomunicado por más de 24 horas sin ser puesto a la orden de una autoridad competente.

“Todos esos derechos han sido suspendidos mediante un decreto que envió el golpista Roberto Micheletti a la Cámara Legislativa y que fue aprobado vergonzosamente por un sector de la bancada del Partido Liberal y por otras tres bancadas, el Partido Nacional, la Democracia Cristiana y el partido Innovación Nacional”, recalcó Ayala.

Ayala acusó a los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa de financiar la guerra mediática contra  el presidente Zelaya, al obligar a sus empresas afiliadas a dar “contribuciones” de mil, dos mil y tres mil dólares.

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