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Golpistas deben ser juzgados por un tribunal internacional, dijo Zelaya

Peligro de guerra civil en Honduras si los golpistas intentan arrestar el sábado a Zelaya, dijo diputado César Ham

Redacción Central |

Peligro de guerra civil en Honduras si los golpistas intentan arrestar el sábado a Zelaya, dijo diputado  César Ham

Reportan numerosos heridos de bala, por contusiones y desaparecidos debido a la  intensificación de la represión tras la supresión de las garantías constitucionales.

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, declaró  ilegales, nulos e improcedentes todos los actos del gobierno de facto establecido en su país y advirtió  los golpistas tendrán que rendir cuenta ante un tribunal internacional.

En una entrevista exclusiva a la cadena Telesur, ratificó el  mandatario su disposición de regresar al país este fin de semana, después del plazo de 72 horas ofrecido por la OEA al régimen de facto para que devuelva al poder.

Zelaya llamó a las miles de personas que esperan su retorno a “no dejar la lucha y no bajar la guardia”.

El presidente fue secuestrado por un grupo de militares y llevado por la fuerza a Costa Rica el pasado domingo, en una asonada que hizo retroceder al país a los peores tiempos de la dictadura.

El gobierno de facto decretó el estado de sitio y lanzó una brutal represión contra los opositores al golpe, con saldo de un muerto, decenas de heridos y un número no precisado de detenidos.

“Este es un régimen de los más brutales que yo haya conocido en la historia”, dijo el jefe de Estado.

Zelaya, quien se encuentra en Panamá, informó que su familia está en Honduras y ha debido refugiarse en distintas embajadas ante la represión.

Por su parte, el diputado del Partido Unificación Democrática de Honduras, César Ham, afirmó que si los militares golpistas arrestan al presidente constitucional, Manuel Zelaya, a su retorno al país el próximo sábado y se resisten a restablecer el orden,  estarían abriendo las puertas a una guerra civil.

Ham escapó de la represión golpista el fin de semana luego que los militares  propalaran el rumor de que había muerto en un enfrentamiento armado con las fuerzas policiales, y sobre él pende una ilegal orden de captura luego tras suspender su inmunidad parlamentaria.

El legislador hondureño señaló que la suspensión de las garantías individuales decretada por el Congreso cómplice de los golpistas y del gobierno de facto, no hará más que alentar la protesta popular en las calles de Tegucigalpa y las principales ciudades de aquel país.

Destacó que esas garantías están ligadas a la libertad de tránsito, la libertad de asociación,  de reunión, la inviolabilidad del domicilio y otra serie de prerrogativas dindividuales que son la esencia fundamental del derecho a la vida y de un Estado de Derecho.

“En ese sentido nuestro pueblo se mantiene en la calle siempre desafiando el Estado de Sitio, desafiando estas restricciones de garantías individuales y estamos preparándonos para recibir el sábado al presidente de la República”, dijo.

Señaló que, pese a la represión, el toque de queda y el impresionante despliegue militar de los usurpadores del poder, la expectativa es que la resistencia siga creciendo y que el próximo sábado se convoque en Tegucigalpa una masiva concentración para recibir y reinstalar en el gobierno al presidente Manuel Zelaya.

“Las próximas  horas son claves: si los golpistas arrestan al presidente, si los golpistas se resisten a que el orden constitucional se restablezca en el país, sin lugar a dudas Honduras va a entrar en una ruta irreversible de guerra civil”, sentenció Ham.

“Hasta ahora la gente está en la calle pacíficamente, exigiendo únicamente el retorno de su presidente, pero con lo que se ha aprobado ayer en el Congreso, con lo que ha estado aprobando el gobierno dictatorial,   le han dado a los soldados un cheque en blanco para que asesinen a nuestro pueblo”, advirtió.

Informó que tienen reportes de numerosos heridos de bala, con contusiones y personas desaparecidas, las que se presumen fueron capturadas por el Ejército y la Policía pero que no aparecen registradas en ninguna prisión.

“Por lo tanto, se dan por desaparecidas y se está procediendo a hacer todas las denuncias internacionales, ya somos varios dirigentes con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero como estas medidas tiene que aplicarlas el mismo gobierno dictatorial, tampoco es una garantía para resguardar nuestras vidas y la de nuestras familias”, explicó el dirigente hondureño.

Interrogado sobre el futuro que le espera al presidente de facto, Roberto Micheletti, respondió: “El futuro que le espera es la cárcel, tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado por delitos de traición a la Patria, por romper el orden constitucional, por utilizar las fuerzas de las armas para poder ostentar el poder público y desde mi punto de visto y si de mí dependiera, él debería ir a la cárcel inmediatamente, debería de juzgársele y condenársele por delitos de lesa humanidad”.

La resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado aumentó  pese a la suspensión de garantías constitucionales por el gobierno de facto, aseguraron líderes sociales.

Integrantes de los Círculos Bolivarianos Morazánicos confirmaron  que seguirán las protestas hasta el retorno del presidente de la República, Manuel Zelaya, aunque ahora están obligados a adoptar “nuevas alternativas”.

Centrales campesinas y obreras mantienen el llamado al paro general en todo el país, el cual va en ascenso, aunque todavía funcionan entidades privadas.

Junto a la suspensión de garantías constitucionales, los golpistas comenzaron el reclutamiento forzoso de jóvenes, incluidos menores, para nutrir las fuerzas militares

En tanto, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Padilla Suncery, fue sustituido a la fuerza y reemplazado por un representante del golpismo, alertó un miembro del movimiento popular en esa ciudad, Erasto Reyes.

La coordinadora del colectivo parlamentario del partido Unificación Democrática (UD), Silvia Ayala, confirmó que para proteger la vida del alcalde hubo que sacarlo del país.

Ayala explicó que otros funcionarios electos por el pueblo en el municipios de Santa Bárbara y otros departamentos, se sumaron a las manifestaciones populares y también son objeto de represión.

Militares armados tomaron las oficinas de varias alcaldías e impiden el acceso a esas instalaciones; además, fueron congeladas las cuentas bancarias de gobiernos municipales, aseguró la legisladora.

Los diputados de UD, indicó, nos declaramos en desobediencia, no acatamos ninguna orden del gobierno ilegal encabezado por Roberto Micheletti.

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