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Gobierno peruano canceló licencia a radio por informar de matanza de indígenas

Es una emisora amazónica de Bagua que difundió las protestas de las etnias

Protesta indígena
Gobierno peruano canceló licencia a radio por informar de matanza de indígenas. | Getty Images

Redacción Central |

Es una emisora amazónica de Bagua que difundió las protestas de las etnias

El gobierno de Alan García cancela licencia de la radio que informó sobre la matanza de indígenas, mientras acusa ante la Fiscalía de Perú a seis dirigentes indígenas de apología de sedición y motín.

Estos atentados a la libre expresión, parte de la “más más dura” que García prometió poner, van dirigido  contra  los pueblos, no así  los grandes medios de la oligarquía. Nos preguntamos: ¿Qué dirá el intelectual Mario Vargas Llosa y otros? ¿Qué dice la SIP?. Cabe señalar que el Canal opositor Globovisión en Venezuela, nada ha dicho.

Seis líderes de las protestas de los indígenas amazónicos peruanos, incluido el exiliado Alberto Pizango, fueron denunciados por la Fiscalía de Perú por supuestos delitos de apología de sedición y motín, al tiempo que el gobierno canceló la licencia de una radio amazónica de Bagua a la que había acusado de instigar las protestas de las etnias.

Según la denuncia interpuesta por la fiscal Silvia Sack y hecha pública  por la prensa de Lima, Pizango, Marcial Mudarra, Daniel Marzano, Teresita Antazu y los hermanos Saúl y Servando Puerta Peña incurrieron en los delitos cuando, en una reunión realizada el 15 de mayo, “emitieron un discurso con el fin de convulsionar el clima que hasta ese momento existía en el oriente peruano”.

Los acusados “ensalzaron las actividades al margen de la ley y de esa manera incitaron subliminalmente a tomar acciones violentas para que sus reclamos sean oídos y aceptados”, argumentó Sack, en alusión a los hechos de violencia del 5 y 6 de junio cuando la policía desalojó un bloqueo carretero con saldo de al menos 24 policías y nueve civiles muertos, además de 155 heridos y, según organismos humanitarios, habría 61 indígenas desaparecidos.

Con esas figuras delictivas, los denunciados quedan expuestos a penas de hasta seis años de cárcel, según fuentes del ramo. Todo esto cuando el gobierno afirmó estar con la promoción y protección de los derechos humanos y refrendaba su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados, a decir de la cancillería.

Todos los denunciados forman parte de la cúpula de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, colectivo que aglutina a mil 350 comunidades y encabeza la huelga indígena amazónica iniciada hace 65 días en demanda de que se deroguen decretos que consideran perjudiciales para los pueblos originarios.

“Detrás de nosotros hay más dirigentes”, dijo al enterarse de la noticia la vicepresidenta de la asociación, Daysi Zapata, en referencia a que las acciones judiciales no los amedrentarán.

A raíz de esos incidentes, Pizango, presidente de esa agrupación y rostro visible de la huelga, se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima y obtuvo asilo en nuestro país, luego que el gobierno del presidente Alan García lo acusó de ser el principal responsable de los hechos de violencia.

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