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Tribunal electoral ecuatoriano delegó a Congreso decisión sobre consulta popular

Jueces electorales ecuatorianos resolvieron el martes remitir la solicitud del presidente Rafael Correa sobre la Asamblea Constituyente al Congreso, pese al rechazo de Correa de que el plebiscito sea avalado por el Legislativo, que ha condicionado su aprobación a reajustes del texto

Manifestación en Ecuador
Manifestaciones de rechazo se desarrollaron durante toda la jornada contra el retraso del Tribunal Supremo Electoral. | Telesur

Redacción Central |

Jueces electorales ecuatorianos resolvieron el martes remitir la solicitud del presidente Rafael Correa sobre la Asamblea Constituyente al Congreso, pese al rechazo de Correa de que el plebiscito sea avalado por el Legislativo, que ha condicionado su aprobación a reajustes del texto

El Tribunal Supremo Electoral de Ecuador (TSE) dejó este martes en manos del Congreso, la suerte de la consulta de Asamblea Constituyente convocada por el presidente Rafael Correa, informó el martes el organismo.

Los jueces electorales resolvieron remitir el plebiscito al Congreso, pese al rechazo de Correa de que este sea avalado por el Legislativo, que ha condicionado su aprobación a reajustes en el texto.

“El Tribunal ya se ha pronunciado y hemos resuelto enviar el decreto (por el cual se convoca a la consulta) al Congreso Nacional”, dijo a Radio Quito Andrés León, magistrado del TSE.

Ante este anuncio, el presidente Correa ofreció una rueda de prensa en la que restó importancia a la decisión del TSE.

“Nos tiene sin el menor cuidado los trámites internos del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros le enviamos esa consulta y esperamos su respuesta en los tiempos previstos en la ley. Una vez transcurridos esos términos, actuaremos como la ley indica”, dijo.

Rafael Correa quien asume la presidencia desde el 15 de enero, señaló que los magistrados “violaron la Constitución al rechazar en minoría el informe de la comisión jurídica del Tribunal escondidos en un hotel de Quito”.

“Han pasado a conocimiento del Congreso la consulta popular que le ordenamos realizar en uso de las atribuciones constitucionales”, agregó.

El TSE de Ecuador decidiría el miércoles sobre la legalidad de la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Correa, luego que la sesión del martes fuera aplazada por algunas alteraciones del orden que tuvieron lugar en la sede del organismo.

La situación se inició cuando simpatizantes de Alianza País, fueran enfrentados por las fuerzas públicas, luego de ingresar a una de las salas del TSE para exigir la pronta aprobación de la Consulta Popular.

Participaron además los integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE), de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador (FESE) y del Movimiento Popular Democrático (MPD).

El ministro de Interior ecuatoriano, Gustavo Larrea, explicó que el contenido de solicitud del gobierno ante el TSE, es un decreto con cinco modificaciones al estatuto original del plebiscito, entre los que figura el aumento de asambleístas de 87 a 130.

El aumento del número de asambleístas “obedece a una propuesta de algunos sectores sociales, el Presidente la está valorando y si la resuelve la enviará de inmediato al Tribunal”, señaló el funcionario.

Larrea explicó que la propuesta de 130 asambleístas prevé que 24 sean de elección nacional y seis en representación de los emigrantes (unos tres millones).

“Queremos garantizar que haya equilibrio”, indicó, precisando que la Constituyente para redactar una nueva Carta Magna sesionaría durante seis meses con una prórroga de 60 días, y las reformas deberán ser aprobadas por mayoría absoluta (la mitad más uno), en tanto que el texto final será sometido a referendo.

Asimismo, establece la recolección de un número de firmas equivalente al 1 por ciento del padrón electoral, lo que ahora será una exigencia para todos los candidatos a asambleísta.

Otro asunto que se rectificará será el requisito de la edad mínima para ser asambleísta, que ahora será de 20 años, cuando originalmente se hablaba de 25 años.

Entre los asuntos que confirmó el Ministro es que la asamblea tendrá un plazo máximo de 180 días, con opción a extenderse 60 días más. Después de transcurrido ese plazo, la asamblea se disolverá, independientemente del resultado que obtenga.

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