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Paramilitares empiezan a contar su verdad sobre guerra en Colombia

Bogota – El principal jefe paramilitar desmovilizado en Colombia, Salvatore Mancuso, comenzó este martes su confesión ante un fiscal en la que se espera responda por más de 4.600 crímenes que se le atribuyen y detalle los nexos de empresarios, políticos y militares con la ultraderecha

Salvatore Mancuso
Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es esposado antes de responder ante un fiscal por más de 4.600 crímenes, el 19 de diciembre de 2006, en Medellín, Colombia. | STR - AFP

Redacción Central |

Bogota – El principal jefe paramilitar desmovilizado en Colombia, Salvatore Mancuso, comenzó este martes su confesión ante un fiscal en la que se espera responda por más de 4.600 crímenes que se le atribuyen y detalle los nexos de empresarios, políticos y militares con la ultraderecha

Mancuso es el primero de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que testifica dentro del proceso de sometimiento de unos 2.700 ex paramilitares a la ley de Justicia y Paz, marco jurídico del desarme de 31.000 combatientes pactado con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.

La declaración despierta especial interés por las posibles revelaciones sobre vínculos entre los paramilitares y la dirigencia colombiana, en un escándalo que tiene en la cárcel a tres legisladores del oficialismo, mientras que otros seis son investigados.

El ex jefe supremo de las AUC en su primera jornada de declaración -en versión libre-, hizo un recuento histórico del surgimiento de esos grupos de extrema derecha, señalando que surgieron para enfrentar “la extorsión” de que eran objeto los ganaderos por parte de las guerrillas izquierdistas.

En un momento de su declaración, Mancuso dejó derramar unas lágrimas y pidió perdón a los familiares de las víctimas de las acciones de las AUC, aunque justificó algunas de éstas, según declararon a periodistas familiares que siguieron su declaración por circuito cerrado de televisión en una sala contigua.

La declaración, que se prolongó hasta el inicio de la noche del martes, se cumplió en el Palacio de Justicia de Medellín (noroeste), a donde llegó con un chaleco antibalas y fuertemente custodiado desde la cárcel de Itagüí, donde otros 58 ex comandantes aguardan el inicio de sus procesos de confesión.

Familiares de víctimas y activistas de derechos humanos lo recibieron en la entrada del edificio con pancartas, fotografías y arengas que exigían “verdad, justicia y reparación”.

“Hemos registrado un gran temor por parte de muchas víctimas, les preocupa que su presencia aquí genere retaliaciones” (venganzas), dijo Iván Cepeda, representante de un colectivo de víctimas de crímenes de Estado.

El fiscal general Mario Iguarán, quien acudió al lugar, dijo que los crímenes cometidos por paramilitares han sido más numerosos que los atribuidos al régimen del recientemente fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet.

“Son centenares de hallazgos de fosas, más fosas de las que se encontraron en Chile por la dictadura de Pinochet” (1973-1990), señaló.

Iguarán además advirtió que “la Fiscalía no va a tolerar (que los paramilitares declaren) algo distinto a la verdad”.

Mancuso, un rico hacendado de origen italiano, enfrenta medio centenar de procesos por asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y despojo de tierras por los que recibiría una pena alternativa de cinco a ocho años de cárcel si confiesa y repara económicamente a las víctimas.

Dicho beneficio también anularía la condena de 40 años de cárcel que recibió en ausencia por la masacre de 15 civiles en octubre de 1997 en Ituango (noroeste), un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a pagar indemnizaciones por 1,5 millones de dólares.

Además, el gobierno le ha garantizado que no será extraditado a Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico.

El fin de semana unos 10.000 hacendados y comerciantes del norte del país confesaron haber financiado a las AUC, acusadas de un total de 9.000 homicidios, la mayoría civiles, en un proyecto que incluyó la infiltración de entidades públicas.

“Su propósito es rendirle culto a la verdad, hablar de la génesis y evolución de las AUC, de todos los fenómenos que acompañaron el proceso de las autodefensas en cerca de 23 años” de lucha contra las guerrillas de izquierda, señaló este martes Ernesto Báez, portavoz de los ex paramilitares.

Tras el proceso en la Fiscalía, que incluye una investigación, el caso será examinado por los magistrados de una corte especial que determinará la condena.

Mancuso se desmovilizó en diciembre de 2004 al frente de un comando que operó en una región fronteriza con Venezuela a partir de 1999, librando una guerra con las guerrillas de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según un informe de la ONG Progresar citado por la prensa, unas 5.200 personas fueron asesinadas en esa zona -Catatumbo- entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, de las cuales el 90% por el grupo de Mancuso.

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