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Desapariciones y ataques acechan juicios contra ex represores en Argentina

Buenos Aires – A tres meses de la desaparición de un testigo clave en un juicio contra ex represores en Argentina, otro sobreviviente de las cárceles clandestinas de la dictadura denunció que fue golpeado tras declarar, mientras la justicia analiza investigar el supuesto suicidio de un hombre hallado ahorcado horas antes de atestiguar

Protestas en Argentina
Manifestación por la aparición con vida de Julio López, considerado para las organizaciones de DDHH 'el primer desaparecido en democracia'. La foto es del 18 de noviembre de 2006 a dos meses de la desaparación de este testigo clave para juicios de torturadores y violadores de los DDHH durante la dictadura. | AFP

Redacción Central |

Buenos Aires – A tres meses de la desaparición de un testigo clave en un juicio contra ex represores en Argentina, otro sobreviviente de las cárceles clandestinas de la dictadura denunció que fue golpeado tras declarar, mientras la justicia analiza investigar el supuesto suicidio de un hombre hallado ahorcado horas antes de atestiguar

“Me pegaron después de declarar y se fueron”, relató en declaraciones publicadas el domingo por el diario Página12 Carlos Lossada, principal testigo en la investigación sobre la existencia del centro clandestino de detención conocido como “La Polaca” en Paso de los Libres, Corrientes, (760 km al noreste de Buenos Aires) en la frontera con Brasil.

Lossada, atacado por desconocidos el viernes último a metros de su casa en Paso de los Libres, atestiguó en agosto en la causa por la que se investiga lo ocurrido en La Polaca .

Sus dichos permitieron la detención de un militar, a quien señaló como responsable de los interrogatorios bajo tortura y tres civiles también acusados de violaciones de los derechos humanos.

“Es necesario que se promueva la protección integral de los testigos porque acá estamos librados al azar, nadie se preocupa por lo que nos puede pasar”, denunció Lossada a quien se le dispuso custodia policial.

El hecho ocurre cuando se cumplen este lunes tres meses de la desaparición de otro testigo, Julio López, cuyo testimonio fue crucial para condenar a cadena perpetua por genocidio al ex jefe policial Miguel Etchecolatz.

López, un albañil de 77 años, fue visto por última vez el 18 de setiembre cerca de su domicilio en La Plata (60 km al sur de Buenos Aires) cuando se disponía a acudir a la audiencia para escuchar los alegatos en el juicio a Etchecolatz.

Pese a la intensa campaña lanzada por el gobierno con afiches callejeros, mensajes televisivos y recompensas, las autoridades admiten que no hay hasta el momento pistas firmes sobre lo sucedido.

A la desaparición le sucedieron una ola de mensajes y amenazas que recibieron por correo fiscales de todo el país que actúan en causas por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura (1976-83).

Organismos defensores de derechos humanos marcharán este lunes una vez más para pedir “la aparición con vida” del testigo que, aseguran, fue secuestrado por “grupos residuales” de la dictadura que persiguen impunidad para los ex represores.

La Corte Suprema de Justicia admitió el viernes pasado que López está “desaparecido” y ordenó investigar, lo que representa un vuelco en el caso que hasta ahora sigue rotulado como “averiguación de paradero”.

El alto tribunal entendió que el presunto secuestro está vinculado al testimonio que brindó en el juicio y que por lo tanto podía entenderse como un intento por “obstaculizar la investigación de delitos de lesa humanidad”.

Los organismos de defensa de los derechos humanos denunciaron que el caso López persigue amedrentar a otros posibles testigos en las causas contra ex represores, que fueron reabiertas tras la anulación en 2003 de las leyes de amnistía denominadas de “punto final” (1986) y “obediencia debida” (1987).

En Corrientes la justicia federal analiza por estos días promover la investigación por el supuesto suicidio en noviembre pasado de Albino Montecucco, hallado ahorcado tres horas antes de acudir a declarar en la causa por La Polaca .

Montecucco, de 70 años, fue señalado en el expediente como un comerciante de Paso de los Libres de llegada al poder militar que había mediado para el alquiler de la estancia La Polaca para su uso como cárcel clandestina.

Dueño de una armería de la ciudad, Montecucco fue señalado como un civil que “sabía muchos secretos” sobre lo sucedido en el predio, según Jorge Olivera, uno de los abogados que entiende en la causa.

“Sabía mucho, por no decir todo, y, por su carácter débil, todos piensan que iba a escupirlo”, resumió el letrado.

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