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En su cumpleaños 36, Fredy Muñoz fue trasladado a la cárcel de Sabana Alta

Fredy Muñoz, corresponsal del Canal multiestatal latinoamericano Telesur en Colombia, fue traslado en la tarde del lunes a la cárcel de Sabana Larga, del departamento Atlántico en la costa norte colombiana

Redacción Central |

Fredy Muñoz, corresponsal del Canal multiestatal latinoamericano Telesur en Colombia, fue traslado en la tarde del lunes a la cárcel de Sabana Larga, del departamento Atlántico en la costa norte colombiana

-Corresponsal de TeleSUR en Bogotá tiene 22 días detenido por las autoridades colombianas

Sabana Larga es una cárcel para empleados públicos, a 45 minutos del casco urbano de la ciudad de Barranquilla, luego que el jueves la Fiscalía tercera especializada de Cartagena decidiera dictarle medidas de aseguramiento al periodista, lo que significa mantener tras las rejas, para iniciarle un proceso formal.

El abogado Tito Gaitán, defensor del periodista que este lunes cumplió 36 años de edad, dijo a la prensa colombiana que la investigación de la Fiscalía distorsiona la realidad del caso, y añadió que “no había al momento de proferir orden de captura ninguna prueba que lo implicara en los hechos que de manera calumniosa se le están imputando”.

Gaitán señaló que no se pueden revelar detalles de la situación, “porque eso forma parte de la reserva sumarial”.

Fredy Muñoz Altamiranda es un joven periodista colombiano, que fue detenido al 19 de noviembre último en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, por autoridades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acusado de los supuestos delitos de rebelión y terrorismo.

Muñoz es, desde septiembre de 2005, corresponsal de TeleSUR en Colombia, corolario de una carrera profesional de doce años. La acusación en contra de Fredy Muñoz se enmarca dentro de la serie de ataques que se han producido contra TeleSUR, desde antes de su lanzamiento y se contextualiza en la profunda crisis institucional por la que atraviesa el gobierno en Colombia, a raíz de las denuncias de la penetración narco-paramilitar en el Estado colombiano, incluyendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La acusación fue tramitada por la Fiscalía 5ta, Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla, a cargo del Fiscal Manuel Hernando Molano Rojas. Posteriormente, el expediente fue pasado sucesivamente a la Fiscalía 3ra de Barranquilla y a la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena, jurisdicción donde se desarrollaron los supuestos hechos delictivos.

Basándose en el testimonio de tres ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -detenidos en el DAS y en Batallón de Infantería de Marina #2 de la Fuerza Naval de la Costa Atlántica y quienes están negociando una reducción de su pena a cambio de información que incrimine a las FARC- el DAS identifica a Fredy Muñoz como el guerrillero conocido con el alias de Jorge Eliécer, acusándolo de ser explosivista del Frente 37 de las FARC, y co-responsable de atentados con bombas y petardos cometidos en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. En el año 2002, Muñoz ya ejercía de periodista en medios colombianos. La acusación hecha sin mayores pruebas, es absolutamente descabellada y puede interpretarse como una amenaza a la libertad de prensa.

Todos los indicios indican que lo que se pretende con esta detención es criminalizar a Telesur y el trabajo de la corresponsalía en Colombia, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística y en descubrir al público latinoamericano la verdadera realidad de Colombia, dándole también voz e imagen a los movimientos sociales colombianos. Al mismo tiempo se buscaría provocar una nueva crisis entre Colombia y Venezuela en unas fechas próximas a las elecciones presidenciales en este país y, a la vez, poner una cortina de humo ante la crisis institucional que se vive en Colombia.

No es casualidad que tanto organismos patronales como la Sociedad Interameriana de Prensa, como profesionales de la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas, hayan exigido una pronta y justa solución a esta situación.

Colombia vive una crisis institucional. Cincuenta dirigentes políticos del oficialismo colombiano acaban de admitir haber suscrito un documento en respaldo a una propuesta de los líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una decena de parlamentarios ha sido acusado por la Suprema Corte de Justicia de delitos cometidos ?incluso el genocidio- en alianza con los paramilitares, entre ellos apoyar, financiar, pertenecer o cooperar con estos grupos.

Durante el primer gobierno del presidente Alvaro Uribe (2202-06) fueron asesinados 18 periodistas; siete de octubre de 2002 a octubre de 2003; cinco a octubre de 2004; dos a octubre de 2005 y tres a octubre de 2006. Muchos periodistas colombianos han optado por el exilio como única forma de preservar sus vidas ante las amenazas de muerte, como en los recientes casos de Fernando Garavito y Daniel Coronell. Casi una treintena de periodistas está bajo la protección del DAS para que puedan cumplir con sus labores, muchos fueron asesinados. ¿De qué libertad de expresión estamos hablando?

Todo indica que lo que se pretende es criminalizar a Telesur y el trabajo de la corresponsalía en Bogotá, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística. Quizás haya gente que busca provocar una nueva crisis entre Colombia y Venezuela, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales en este país.

El problema del gobierno colombiano con periodistas serios como Fredy consiste en dar cuenta de hechos que silencian los medios del sistema: por ejemplo, el falso atentado con coche bomba en la zona sur de Bogotá el 14 de julio pasado, poco antes de la reelección de Uribe. La Fiscalía General colombiana calificó de “grosero montaje” la realización de aquel acto terrorista, atribuido en su momento a la guerrilla, por parte de un mayor y un capitán interesados en escalar posiciones. Terrorismo de Estado que los expertos en “seguridad democrática” de Uribe califican de “falsos positivos”.

Cerca de dos millares de personalidades y organizaciones del mundo están pidiendo por la libertad del joven corresponsal y el fin de la criminalización de Telesur. Entre ellas, más de siete centenares de dirigentes políticos y sociales colombianos, de diferentes tendencias, como Carlos Gaviria, Piedad Córdoba, Cecilia López, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Antonio Navarro, Gustavo Petro, Jorge Robledo, María Emma Mejía, Alexander López y Wilson Borja.

Los informes periodísticos señalan que en ninguna parte del expediente se relaciona directamente a Fredy Muñoz como Jorge Eliécer, lo único que existe es la identificación de uno de los testigos por medio de una foto que le mostrara el DAS.

Cabe recordar que la misma Fiscalía Quinta de Barranquilla fue la que el 17 de junio 2004 detuvo, basándose en declaraciones de presuntos guerrilleros “capturados” y “colaboradores”, confesos de crímenes horrendos, al sociólogo Alfredo Correa de Andreis. Acusado de ser “ideólogo de las FARC”, Correa no gozó de la presunción de inocencia y tuvo que demostrar su inocencia: liberado un mes después, fue asesinado por desconocidos el 17 de Noviembre del 2004. Estos testigos esperan que con sus testimonios obtengan reducción de sus penas o beneficios adicionales.

Uno de los testigos señala que alias Jorge Eliécer resultó quemado de sus extremidades superiores, cuello, oído y cabeza luego de que en un fallido atentado contra instalaciones eléctricas, estallara el artefacto. En ese hecho habría muerto un tal “Moisés”, su cómplice en el hecho. La experticia legal deja en claro que Fredy Muñoz no presenta cicatrices de quemadura en ninguna parte de su cuerpo.

¿Cómo un testigo que estaba detenido en el 2000 pude señalar con precisión y ser testigo de atentados que se realizaron dos años después de su reclusión?

En otra parte del interrogatorio, el “testigo” dice que alias Jorge Eliécer había salido huyendo de Cartagena en agosto del 2002 porque habían capturados a secuaces, y un tal “Diego” se lo llevó a un campamento del frente 41 de las FARC y allí duró varios meses. En esa fecha Fredy Muñoz era el Jefe de Redacción del semanario “Al Día” en Barranquilla.

Se señala que este Jorge Eliécer participó en “reuniones juveniles internacionales realizadas en Venezuela, incluyendo al Campaña Admirable y juventudes bolivarianas”. Que el DAS, que lleva el control migratorio en Colombia, diga en qué fechas Fredy Muñoz salió y entró de Colombia hacia Venezuela. Ese simple cruce de información serviría de mucho para dilucidar el caso.

Dos informes de inteligencia del DAS presentados sobre el caso difieren incluso en las fechas de los atentados que se imputan, a los que se agrega otro del Crinca: Uno informa que el atentado contra Electrocosta en Chambacu ocurrió el 22 de abril de 2002 y que la explosión accidental en el taxi, donde murió alias Moisés, fue el 11 de mayo de 2002, y el otro ofrece las fechas del 11 de abril y 10 de agosto para los mismos hechos. ¿Hubo realmente atentados?

Ante todo ello, exigimos la libertad de Fredy Muñoz, el respeto a la libertad de prensa en Colombia y el final de cualquier maniobra que atente contra el proyecto informativo de Telesur.

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