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Paramilitares rompen negociación con Uribe y prometen revelar sus secretos

Bogotá – Los desmovilizados jefes paramilitares, encarcelados a la espera de ser procesados por sus crímenes, rompieron la negociación de paz de tres años con el gobierno de Alvaro Uribe al que acusaron de engañarlos y amenazaron con revelar sus nexos secretos con la dirigencia de Colombia

Redacción Central |

Bogotá – Los desmovilizados jefes paramilitares, encarcelados a la espera de ser procesados por sus crímenes, rompieron la negociación de paz de tres años con el gobierno de Alvaro Uribe al que acusaron de engañarlos y amenazaron con revelar sus nexos secretos con la dirigencia de Colombia

“La situación es grave porque son casi 32.000 desmovilizados que estamos más que convencidos que el gobierno fue falso, que nos hizo trampa”, dijo este jueves David Hernández, uno de los ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Hernández aseguró que el rompimiento del proceso no significa que “volvemos a las armas”, aunque sobre la posibilidad de que se desate una ola de violencia advirtió que los 59 ex comandantes presos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí (noroeste), “no pueden tener control sobre los desmovilizados”.

El gobierno del presidente estadounidense George W. Bush, reaccionó respaldando a Uribe.

“Estados Unidos apoya los esfuerzos colombianos para garantizar que los dirigentes paramilitares permanezcan encarcelados y se atengan a sus compromisos, incluso el final de la violencia, la cooperación en investigaciones y recuperación de bienes”, declaró en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.

Los paramilitares anunciaron la ruptura tras una reunión con el alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, a quien reclamaron por la decisión del gobierno de trasladarlos a esa cárcel.

Restrepo anunció este jueves que se autorizó a una comisión de legisladores y jerarcas de la iglesia Católica para que la semana próxima visite en la cárcel a los jefes paramilitares, con el propósito de restablecer el diálogo entre el gobierno y ellos.

Uribe ordenó el viernes pasado el traslado a Itagüí, en el departamento de Antioquia, de los 59 paramilitares, entre los que se encuentran algunos de sus máximos jefes, por sospecha de que planeaban fugarse y ordenaban crímenes desde un antiguo centro vacacional donde estaban recluidos.

Ernesto Báez, considerado como el responsable político de las AUC, calificó como “un vil montaje” las acusaciones y consideró sospechoso que el traslado ocurriese luego que los paramilitares anunciaran su disposición a decir la verdad sobre como la dirigencia del país les brindó apoyo y financiación.

Báez dejó en claro que los paramilitares no tienen intención de callarse. “Si esos políticos, militares, industriales, comerciantes, no acuden a la convocatoria que les hacemos nosotros y la nación entera, tendremos que convidarlos de otra manera: denunciándolos”, añadió.

Uribe dijo este jueves que no teme a las revelaciones que puedan hacer los paramilitares y señaló que el “gobierno en lugar de callar, de buscar silencio”, facilitará las investigaciones de los diversos organismos.

Mientras, el ministro del Interior Carlos Holguín, advirtió sobre eventuales brotes de violencia y dijo que “cualquier delito que ellos (los jefes paramilitares) cometan, los hace acreedores a perder los beneficios de la ley de justicia y paz”, que como contraprestación a su desmovilización les redujo a entre cinco y ocho años las penas que podrían recibir por sus crímenes.

Recordó además que el gobierno podría autorizar la extradición de al menos seis jefes de las AUC, solicitados por narcotráfico en Estados Unidos.

El presidente del izquierdista Polo Democrático, Carlos Gaviria, dijo que en el cruce de amenazas entre las AUC y el gobierno “hay una presión mutua que me parece que hace todavía menos transparente el proceso”.

Las revelaciones prometidas por los paramilitares podrían alimentar las pesquisas de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas cercanos a Uribe por sospechas de que ayudaron a crear grupos de ultraderecha en departamentos de la costa Caribe (norte) e instigaron masacres de campesinos.

Tres de esos parlamentarios han sido detenidos y otros seis han sido llamados a interrogatorio, entre ellos Alvaro Araújo, el influyente hermano de la actual canciller.

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