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Protestas contra decisión de gobierno colombiano de rescatar rehenes

BOGOTA – Familiares de los secuestrados en Colombia iniciaron este sábado multitudinarias marchas y peregrinaciones a sitios religiosos para rechazar el anuncio del presidente Alvaro Uribe de dar por terminados los acercamientos para un canje de secuestrados por rebeldes presos

Alvaro Uribe y ministro
El presidente colombiano, Alvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos - Foto: AFP | AFP

Redacción Central |

BOGOTA – Familiares de los secuestrados en Colombia iniciaron este sábado multitudinarias marchas y peregrinaciones a sitios religiosos para rechazar el anuncio del presidente Alvaro Uribe de dar por terminados los acercamientos para un canje de secuestrados por rebeldes presos

Unos 300 familiares de los 12 diputados (legisladores municipales) plagiados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en abril de 2002, marcharon hacia el mediodía de este sábado (17H00 GMT) por las calles de Cali, tercera ciudad colombiana, para criticar la orden de Uribe de rescatar a los plagiados.

«Nos oponemos a la indolente orden de rescate dada por el presidente porque significa que de ellos (los secuestrados) regresarán sólo sus cadáveres», dijo a la AFP, Erica Serna, familiar de uno de los políticos plagiados, que se congregó junto a los demás marchantes en la plazoleta central de la alcaldía de la ciudad.

Los marchantes exhibieron pancartas y cientos de bolsas plásticas de color negro, con la etiqueta «rescatado» para enfatizar su mensaje de que ante una operación militar el destino de sus familiares será la muerte y que ellos sólo recibirán sus restos.

«El presidente los condenó a muerte. Con el rescate no hay garantías de sobrevivencia», dijo a su turno Ruby Jaramillo, esposa del diputado Nacianceno Orozco mientras que Angela de Pérez, esposa de otro político plagiado, anunció la realización de multitudinarias protestas en varias ciudades del país.

«El martes estaremos marchando en la (céntrica) Plaza de Bolívar de Bogotá y el miércoles realizaremos una peregrinación al Santuario de Monserrate, también en la capital del país, para rechazar la inhumana orden dada por el presidente», señaló en diálogo con la AFP.

Mientras, la presidenta del Comité Humanitario del sureño departamento del Huila, Deyanira Ortiz señaló: «estamos muy angustiados. Aterrorizados de oír al señor Presidente de la República decir que va a mandar a rescatar a nuestros familiares».

A los actos públicos se sumó una andanada de críticas contra el presidente por la suspensión de los acercamientos con los guerrilleros.

La Federación Internacional de Comités pro liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt -rehén de las FARC desde febrero de 2002- instó al mandatario colombiano a renunciar al rescate porque “sería con casi toda seguridad fatal para los secuestrados», dijeron en una carta.

Julio Gómez, presidente del influyente sindicato Central General de Trabajadores (CGT) sugirió a Uribe «reflexionar y explorar nuevamente los caminos que conlleven a la libertad de los secuestrados al tiempo que voceros de la Iglesia Católica, que impulsaban el canje, se declararon en contra del rescate militar de los plagiados.

“Como pastor de la Iglesia Católica en el nororiente colombiano rechazo la posibilidad de un rescate usando la fuerza armada. Después de tantos años de sufrimiento, esto sería la peor”, dijo monseñor Darío Monsalve, obispo del departamento de Santander (centroeste).

En una respuesta a las críticas, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó el sábado a los medios de comunicación de «ser permisivos frente a FARC» y afirmó que al gobierno «no le cabe la menor duda» de la autoría de ese grupo en el atentado del jueves con carro bomba que originó la decisión de Uribe.

«No nos cabe la menor duda de que la bomba la puso las FARC. Ya tenemos pruebas más que suficientes para hacer esa aseveración y la sociedad colombiana debe ser consciente de que su respuesta debe ser valor y estoicismo», señaló Santos, molesto porque el fiscal Mario Iguarán, dijo no tener indicios para señalar a ese grupo.

Hasta el sábado, las FARC no se habían pronunciado sobre el tema pero la agencia Anncol -que distribuye por Internet información de ese grupo- señaló que «la respuesta exagerada, sanguínea y soez del presidente demuestra que se ha quedado solo con su política de inseguridad democrática (bandera del gobierno)».

Las FARC habían propuesto intercambiar por 500 rebeldes presos a 58 de los centenares de secuestrados en su poder, que incluye a Betancourt (que tiene también la nacionalidad francesa), a tres estadounidenses, así como a políticos, militares y policías, algunos de ellos cautivos desde hace ocho años.

Uribe, había aceptado en diciembre una propuesta más limitada de Francia, España y Suiza, para que la «zona de despeje» fuera de 180 km pero el viernes, y como reacción a un atentado con coche bomba a un complejo militar de Bogotá suspendió los acercamientos y ordenó el rescate militar de los cautivos.

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