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Promulga Bush controvertida ley anti-terrorista

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, rubricó este martes una polémica ley que autoriza prisiones secretas de la CIA, duros interrogatorios y tribunales militares para combatir el terrorismo

George W Bush
Presidente de Estados Unidos George W Bush habla durante una cena en la Casa Blanca - Foto: AFP | AFP

Redacción Central |

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, rubricó este martes una polémica ley que autoriza prisiones secretas de la CIA, duros interrogatorios y tribunales militares para combatir el terrorismo

Durante la ceremonia de la firma, entre altos funcionarios de Defensa e Inteligencia. Bush defendió esta la ley y afirmó que es un «instrumento vital» en la lucha antiterrorista.

Desde que las cámaras del Congreso aprobaron esta ley el pasado mes, la misma se tornó en foco de un debate sobre seguridad y libertades civiles en la «guerra contra el terrorismo» lanzada por Bush luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La ley, faculta a la CIA para continuar con los interrogatorios secretos y usar recursos que, según sus detractores, abren las puertas para la tortura. Además, el texto concede a Bush un poder de interpretación de las convenciones de Ginebra sobre el tratamiento a los prisioneros.

La norma fue redactada como respuesta al fallo emitido por la Corte Suprema estadounidense, en el mes de junio, donde se estableció que Bush había sobrepasado sus facultades e infringido las Convenciones de Ginebra estableciendo tribunales de guerra para sospechosos de la «guerra contra el terrorismo».

La legislación, permite que los sospechosos de terrorismo sean juzgados por tribunales militares, pero no exige que estos sean defendidos por un abogado, permite tribunales militares especiales para juzgar a los detenidos en Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA y prohíbe los castigos «crueles e inusuales» a los reclusos, aunque no aclara qué cabe dentro de esta categoría.De modo que los presos podrían ser privados de todo recurso legal para protestar por las condiciones de su detención.

Según declara Anthony Romero, director ejecutivo de la organización defensora de los derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) «El presidente ahora puede -con la aprobación del Congreso- retener indefinidamente gente sin cargos, elimina protecciones contra abusos horribles, lleva a juicio a gente en base a evidencia de rumores, autoriza juicios que pueden llevar a gente sentenciada a la pena de muerte en base a testimonios de testigos literalmente extraídos por la fuerza, y cierra de golpe las puertas de los tribunales a las peticiones de hábeas (corpus)».

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