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Califican de montaje juicio político en Costa Rica

San José – El proceso político seguido por las autoridades judiciales de Costa Rica contra los dirigentes sindicales Orlando Barrantes e Iván Angulo es un montaje para criminalizar la protesta social en ese país, denunciaron hoy fuentes locales.

Redacción Centraly Redacción Central |

San José – El proceso político seguido por las autoridades judiciales de Costa Rica contra los dirigentes sindicales Orlando Barrantes e Iván Angulo es un montaje para criminalizar la protesta social en ese país, denunciaron hoy fuentes locales.

Con ese juicio se pretende también inhabilitar en el orden político a ambos líderes de los obreros que exigen ser resarcidos por los daños recibidos como resultado de la exposición al agroquímico Nemagón, señalaron integrantes del comité organizado en su defensa.

Barrantes y Angulo fueron acusados por presuntos delitos luego de una protesta en la región atlántica en diciembre de 2000, cuando los trabajadores conformaron un frente común de lucha y plantearon una serie de demandas al gobierno.

En ese ámbito, los manifestantes de la ciudad caribeña de Guápiles retuvieron a cuatro antimotines como respuesta a la represión desatada contra por la fuerza policial costarricense.

Funcionarios del Ministerio Público calificaron esta acción de “secuestro extorsivo”, por lo cual esa entidad demanda penas de cárcel mayores a los 60 años contra Barrantes.

El también dirigente de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica quedaría criminalizado e inhabilitado desde el punto de vista político si finalmente es condenado a prisión.

Este preside además el partido popular costarricense Movimiento de Trabajadores y Campesinos, que logró su inscripción legal y electoral en vísperas de los comicios generales de 2006.

De mantenerse al frente de esa organización, Barrantes podría ser electo diputado o regidor municipal en futuros sufragios, pronosticaron sus defensores.

El proceso judicial contra este y Angulo se inició el 5 de julio de 2005 en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Guápiles.

Las garantías individuales fueron respetadas en otras épocas en Costa Rica, pero en 2005 fueron condenados dos dirigentes de la región de San Ramón por participar en protestas públicas contra el monopolio de la revisión vehicular Riteve, ejemplificaron.

Célimo Guido y Rocío Céspedes, quienes gozan de libertad condicional, fueron condenados a un año de prisión y al pago de una suma millonaria como acción civil resarcitoria.

También enfrentaron juicios políticos algunos dirigentes estudiantiles y de los campesinos de Bambuzal, acusados por participar en diversas protestas públicas.

“Pareciera que el Estado tico cambia su política de tolerancia y se encamina a recortar las libertades democráticas y a criminalizar las protestas populares y la lucha social”, afirmó Barrantes en un artículo publicado en la revista La Pluma, de México.

En esa ocasión, éste adelantó que puede ser enviado a la cárcel por muchos años, porque no es posible recibir la libertad condicional con la pena tan elevada que se le pide.

El mensaje al movimiento popular es muy claro: aquel que organice protestas y participe en ellas se expone a que lo envíen a la cárcel, manifestó el otrora dirigente de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

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