Economía

Diputados desestiman prueba de soborno contra Gerardo Miranda

La grabación de la supuesta voz del cónsul de Nicaragua en Liberia, Gerardo Miranda, exigiendo un soborno a Armel González, quien solicitó resolver por soborno un problema de invasión de sus propiedades, no constituye prueba en un proceso penal, coincidieron ayer tres diputados que a su vez son abogados

Redacción Central |

La grabación de la supuesta voz del cónsul de Nicaragua en Liberia, Gerardo Miranda, exigiendo un soborno a Armel González, quien solicitó resolver por soborno un problema de invasión de sus propiedades, no constituye prueba en un proceso penal, coincidieron ayer tres diputados que a su vez son abogados

El diputado Eliseo Núñez destacó que los inversionistas cometieron el grave error de dar a conocer la grabación sin antes presentarla a la Fiscalía, institución que tenía que legitimarla para convertirla en prueba.

“Es una prueba ilegal porque cometieron un error procedimental al no presentarla ante la Fiscalía para que verificara su legitimidad, antes de haberla publicado y utilizado políticamente”, advirtió Núñez, quien opinó que Miranda y González cometieron delito y ambos deberían ser sancionados.

“Comete delito el oferente como el aferente, siempre he creído que para parar la corrupción tienen que ser castigados los dos (implicados)”, sugirió.

Son indicios

Su colega José Pallais señaló que la jurisprudencia en Nicaragua ha determinado que las grabaciones no constituyen pruebas, sin embargo, aclaró que son indicios que deberán ser valorados por los judiciales, quienes deberán formar una convicción.

“Lo importante es que ha habido una denuncia que de ser cierta estaría apuntando a una conducta muy grave por la relevancia de las personas que están siendo señaladas. Yo creo que todos deberían ser investigados, tanto los responsables como los denunciantes”, dijo.

Por su lado, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez desestimó que la grabación a Miranda constituya prueba que lo incrimine, y más bien dijo que observa que es la palabra de una persona contra la de otra.

“Pero desde el punto de vista jurídico yo creo que lo mejor es que si hay pruebas, que las presenten en los juzgados; hay un elemento indicativo, recordá que para bailar un bolero se necesitan dos, por lo tanto, si acaso eso llegase a ser cierto, aquí hay responsabilidades de ambas partes, el que solicita y el que ofrece y otorga, porque para que haya corrupción en un gobierno tiene que haber corruptores en la iniciativa privada”, destacó.

Bolaños acorralado

Acorralado por los cuestionamientos de los medios de comunicación, el diputado Alejandro Bolaños Davis dijo que “todo se trata de una trampa que le tendimos” al ex diputado sandinista y cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, Gerardo Miranda, al grabarlo supuestamente pidiendo una “coima” a González.

“Ante la presión de Miranda, Armel lo que le dijo fue: Qué querés, una propiedad, pues ahí está: No era un soborno (la propiedad ofrecida), era una trampa que le tendimos”, expresó Bolaños en torno al ofrecimiento que le hizo su yerno a Miranda.

Según Bolaños, el ofrecimiento de González fue “para que lo dejaran de fregar”.

Por su parte, la diputada de la bancada sandinista y presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, Miriam Argüello, pidió ayer pruebas concretas sobre la denuncia y dijo que la comisión no puede investigar de oficio el supuesto acto de corrupción.

“En la comisión recibimos todo aquello que llegue, siempre y cuando vaya acompañado de las debidas pruebas. (El caso de Miranda) tendría que llegar a la comisión, pero con las debidas pruebas”, expresó Argüello.

Insistió en que “la Comisión de Probidad y Transparencia no trabaja de oficio, sino en base a pruebas y denuncias”.

Que se investigue

No obstante, Argüello se mostró anuente a que el caso se investigue de acuerdo a las leyes y los procedimientos establecidos.

Argüello rechazó que el caso de supuesta corrupción empañe a un partido político, es decir, al Frente Sandinista, y más bien dijo que “se trata de una persona que pertenece a un partido político y eso no quiere decir que sea el partido político el que está involucrado”.

“Si me dicen, por ejemplo, que en el PLC, con todos los robos que ha habido, todos los miembros del PLC son ladrones, yo digo que no. No se puede acusar a un partido político porque algunos de sus miembros, en un caso dado, supuestamente, puedan estar ligados a actos de corrupción”, dijo Argüello.

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