Economía

Presidente nombra comisión para enfrentar irregularidades de empresas constructoras

El presidente Daniel Ortega intentará “poner en cintura” a las empresas constructoras Tradeco, de México; Hispánica, de España; y Meco Santa Fe, de Costa Rica, con el funcionamiento de una nueva comisión gubernamental para enfrentar las irregularidades técnicas y financieras detectadas en los proyectos que ejecutaron en la Administración anterior

Redacción Central |

El presidente Daniel Ortega intentará “poner en cintura” a las empresas constructoras Tradeco, de México; Hispánica, de España; y Meco Santa Fe, de Costa Rica, con el funcionamiento de una nueva comisión gubernamental para enfrentar las irregularidades técnicas y financieras detectadas en los proyectos que ejecutaron en la Administración anterior

Ortega ordenó la creación de la “Comisión Interinstitucional de Seguimiento y Atención a Procesos de Demandas Judiciales y Arbitrales por Ejecución de Contratos de Obras de Infraestructuras”, que a lo inmediato se encargará de buscar solución a los conflictos que dichas firmas tienen con Nicaragua.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), durante el gobierno de la “Nueva Era” del presidente Enrique Bolaños, contrató a Tradeco, Hispánica y Meco Santa Fe, para la rehabilitación y mejoramiento de las carreteras Chinandega-El Guasaule, Ticuantepe-Masaya-Granada, y San Lorenzo Muhan, en Chontales, respectivamente.

Sin embargo, los proyectos presentaron graves irregularidades técnicas y financieras, y dos de éstos –Chinandega-El Guasaule y Ticuantepe-Masaya-Granada– quedaron sin finalizar, causando un grave perjuicio financiero al Estado de Nicaragua.

De acuerdo a informes periodísticos, la firma Tradeco fue contratada con un sobreprecio de más de 8 millones de dólares, el cual jamás fue justificado técnicamente por el presidente Bolaños.

El principal responsable de las anomalías fue Pedro Solórzano, ex titular del MTI y ex secretario político de la Presidencia, bajo cuya administración se firmaron los contratos y a quien la Contraloría le ha aplicado sendas presunciones de responsabilidad penal, además de una investigación paralela de la Fiscalía.

Procurador: Se “amarraban” para delinquir

El procurador Hernán Estrada confirmó la creación de la comisión, y denunció que los funcionarios del MTI se “amarraban” en el pasado gobierno con los empresarios para “delinquir”. Así mismo, señaló que los contratos que suscribieron ambas partes fueron “mal hechos” y “lesivos”.

“El problema era la pasividad con que los funcionarios actuaban. Pero, además, los funcionarios públicos se amarraban con la anuencia y en asociación para delinquir con los mismos empresarios”, expresó Estrada.

“Te armaban unos contratos de una forma tan descuidada, que te despojaban de cualquier defensa a la hora que vos te quisieras defender. Ahora nosotros encontramos que los contratos que se firmaron son contratos leoninos, y por donde quiera desprotegían al Estado”, aseguró el Procurador.

Según él, se había estudiado la posibilidad de modificar o cancelar dichos compromisos. Sin embargo, lo único que quedó claro es que dichos convenios entre el Estado de Nicaragua y las firmas constructoras “fueron tan mal hechos, y los abogados tan malos, inexpertos, que dejaron totalmente manos atadas al gobierno”.

Comisión buscará acuerdos “satisfactorios”

La comisión podrá negociar con el reclamante o los demandantes, durante o después de los procesos judiciales y arbitrales, para alcanzar acuerdos –inclusive económicos–, que sean satisfactorios para las partes, que pongan fin a la controversia y que sean de carácter definitivo, de acuerdo con el decreto 48-2007, publicado en La Gaceta del jueves 10 de mayo pasado.

Así mismo, podrá crear subcomisiones interinstitucionales para atender las mediaciones, arbitraje y demandas judiciales, o los actos previos de estos procedimientos.

“El acuerdo presidencial fue promovido por la Procuraduría. Estos contratos amarrados dejaron debilitada la posición negociadora del Estado a la hora de un conflicto de esa naturaleza, y además con una pasividad contemplativa”, acotó Estrada.

MTI: “No estamos manos arriba”

El ingeniero Fernando Martínez, actual titular del MTI, confirmó a END que los reclamos planteados por dichas empresas fueron elevados. “Ellos están conscientes de eso y quedaron de pasar una propuesta”, dijo.

“Ya hemos revisado las demandas, hay algo de los reclamos que no tiene asidero y vamos a planteárselo a las partes para realmente entrar en negociación. Desde el momento que aceptaron negociación, es que no necesariamente todo lo que reclaman es su solicitud”, afirmó Martínez.

¿Qué tanta fortaleza legal tiene el Estado de Nicaragua en estos casos?

“Estamos preparamos legalmente. No estamos manos arriba. Creo que estos casos se van a evacuar pronto. Nosotros nos hemos preparado para hacerle frente a los reclamos desde el punto de vista contractual”.

Martínez informó que la empresa Hispánica pospuso el plazo del arbitraje al que llamó la administración de Bolaños. Actualmente la firma española ya nombró a su árbitro y convocó a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para que enviara a Nicaragua el candidato del tercer árbitro. Uno fue escogido por el Ejecutivo.

“Ahí es donde asumimos el gobierno y le dijimos que no era muy bien que un gobierno recién comenzando, sin estudiar el caso, se convocara a un arbitraje. Pedimos una prórroga de 120 días. Y no te podías sentar a negociar si no tenías la Comisión. Se ha hablado con ellos y plantean que nos demos una prórroga más para llegar a un buen fin”, expresó.

Pagan “suma millonaria” en glosas, pero Procurador no precisa monto

El procurador Hernán Estrada confirmó que el Estado ha recuperado una “suma millonaria” gracias al cobro de glosas a ex funcionarios señalados por la Contraloría General de la República de malversas recursos públicos.

¿Han cobrado las glosas?

No se había cobrado ni una glosa. No existía una Unidad de Glosas. Creamos la Unidad de Glosas para cobrarles a todos, porque la posición nuestra es la siguiente: aunque están amparados, lo están para un acto administrativo, no para un acto jurisdiccional.

Eso quiere decir que yo les puedo cobrar jurisdiccionalmente, aunque digan que están amparados, y hasta ahora ha sido muy positivo, porque se les está cobrando a todos.

Yo saqué una lista en los primeros 10 días que yo asumí aquí, saqué aleatoriamente a 20, y fue un éxito extraordinario. Y luego vino la gente y dije: “Les voy a dar la oportunidad para salvar su nombre”, en el entendido y consciente de que no son como los japoneses, que cuando los acusan por un delito de corrupción llaman a una conferencia de prensa y se pegan un balazo enfrente de los periodistas.

La sorpresa que me he llevado es que han estado pagando. Y otros han venido a dar explicaciones. Y además, ellos tienen la oportunidad de ver que nosotros vamos en serio.

Le caímos a Pedro Solórzano, lo embargamos, a Nubia Alegría también la embargamos, y allí estamos llevando un descubrimiento que hice, interesante. Esos que estaban en la lista, era trabajadores, conserjes, y han venido aquí documentados, a cantar la verdad. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? Tal vez es un pobre conductor que está sin empleo.

Nos han pagado un número de más de 10, lo cual es importante, y han llegado a pagar la Tesorería General de la República, han depositado, nos han venido a enseñar sus recibos. ¿Cuánto han pagado? Es una suma millonaria.

¿Qué hará la Comisión?

  • La “Comisión Interinstitucional de Seguimiento y Atención a Procesos de Demandas Judiciales y Arbitrales por Ejecución de Contratos de Obras de Infraestructuras” fue creada con base en el Decreto 48-2007, publicado en La Gaceta del jueves 10 de mayo pasado.
  • El decreto señala que se ordenó su conformación porque “es un deber del gobierno garantizar la defensa de los intereses y el patrimonio del Estado”.
  • Está integrada por el Procurador General, y por los titulares de Transporte de Infraestructura, de Hacienda y el Canciller.
  • Este cuerpo interinstitucional podrá contratar los servicios de asesoría legal o de otra índole, “nacional o internacionalmente, cuando sea necesario”, según el decreto.
  • También podrá “hacer las recomendaciones que correspondan en materia presupuestaria para asegurar la defensa de los intereses nacionales”.

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