Economía

Petroleras negocian contra reloj nuevos contratos en Bolivia

LA PAZ – El gobierno boliviano y una veintena de multinacionales petroleras mantienen arduas negociaciones, a 48 horas de que concluya el plazo para adecuar sus contratos a los términos de la nacionalización de hidrocarburos decretada por el presidente Evo Morales

Evo Morales
El presidente boliviano Evo Morales durante una conferencia de prensa - Foto: AFP | AFP

Redacción Central |

LA PAZ – El gobierno boliviano y una veintena de multinacionales petroleras mantienen arduas negociaciones, a 48 horas de que concluya el plazo para adecuar sus contratos a los términos de la nacionalización de hidrocarburos decretada por el presidente Evo Morales

El carácter de urgencia de las negociaciones, que se realizan en un ambiente de hermetismo, tiene su razón de ser en el decreto que establece que al término del plazo de 180 días, que fenece la medianoche del sábado, «las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país».

Una buena negociación significaría un negocio de 2.000 millones de dólares, es decir el 23% del Producto Interno Bruto boliviano, según el vicepresidente Alvaro García Linera.

El vicepresidente dijo que en las negociaciones «vamos por buen camino» y que para esto se encuentra «trabajando para cerrar los contratos (..) según el plazo que establece el decreto de nacionalización».

Aunque algunas compañías han destacado extraoficialmente la necesidad de ampliar el plazo, ninguna de ellas lo ha planteado oficialmente, según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.

Diversas fuentes extraoficiales manifestaron que existen avances importantes con varias compañías, entre ellas la francesa Total y la hispana Repsol -que explotan megacampos gasíferos en Bolivia- mientras que con la brasileña Petrobras las negociaciones continúan siendo dificultosas.

Petrobras es el principal inversor del país y también el responsable de exportar a Brasil 26 millones de metros cúbicos de gas al día, volumen con que abastece la mitad de la demanda interna de ese país.

Bolivia alberga, según cifras oficiales, reservas probadas y probables de 48,7 trillones de pies cúbicos de gas (1,55 billones de m3), la segunda más importante de la región, después de Venezuela.

En una alentadora señal, el embajador de España, Antonio Montalbán, dijo que «nos consta que el deseo de Repsol es conseguir los elementos técnicos que le permitan la firma el próximo sábado» del nuevo contrato.

Montalbán, que rehusó hablar del avance de las negociaciones, reveló que «todavía hay pequeños detalles que se deben seguir negociando».

A pesar de que el gobierno sostiene -empezando por el propio presidente Evo Morales- que no habrá ampliación de plazos, el viceministro de coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, abrió la víspera la posibilidad de que haya alguna flexibilidad, aunque «eso solamente se daría en casos excepcionales que por el momento no se están viendo».

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue en la misma dirección al señalar que «varios acuerdos podrían cerrarse entre el 29 y 30 de octubre».

El presidente de la Empresa Petrolera Chaco SA, Ricardo Srebernic, dijo el miércoles que sería necesario ampliar el plazo de negociación con el Gobierno para firmar nuevos contratos.

«Sería absolutamente necesario» extender el plazo, dijo Srebernic.

Debido a la perentoriedad del plazo y a que las negociaciones no están aún concluidas, un sector del gobierno estudia la posibilidad de sellar un acuerdo macro con las petroleras y perfeccionar los puntos en reuniones posteriores.

Esta corriente estaría influida por la posición del canciller brasileño Celso Amorim, quien esta semana declaró en Brasilia que su país «no está pidiendo la prórroga del plazo como tal; lo que Brasil está diciendo es que lo importante es tener una buena negociación y que no debemos quedar esclavos de un plazo».

Por su parte el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, advirtió el miércoles que su país irá a un arbitraje internacional si Bolivia no respeta los contratos existentes.

A este respecto, García Linera dijo este jueves que «nuestro gobierno está preparado para cualquier eventualidad».

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